El contrato colectivo de Petroecuador está bajo escrutinio, siendo uno de los cuatro contratos que la Contraloría debe auditar a petición de la Ministra de Trabajo, este acuerdo, firmado en noviembre de 2017, ha sido cuestionado por no contar con el aval presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas, y ahora se encuentra en riesgo de ser declarado nulo.
El contrato colectivo de Petroecuador protege a 2,405 empleados y otorga una serie de beneficios destacados, uno de los más significativos es la cláusula de estabilidad laboral por cinco años, que impide la separación de cualquier trabajador durante ese periodo. En caso de despido, la empresa debe pagar una indemnización equivalente a 60 sueldos, una disposición mucho más generosa que la establecida por el Código del Trabajo para empresas privadas, donde la indemnización es de un sueldo adicional por cada año trabajado, con un límite de 25 sueldos.
Además, los empleados cubiertos por el contrato tienen derecho a una revisión anual de sus remuneraciones, con el Comité de Empresa encargado de proponer la tabla de aumentos para negociar, el contrato también incluye un pago adicional del 1% del salario básico unificado por cada hijo menor de edad y por hijos con discapacidad, sin límite de tiempo, adicionalmente, los trabajadores reciben un bono de antigüedad del 0,25% de la remuneración por cada año de trabajo, beneficio que aplica retroactivamente a los contratados desde 2009. El Ministerio de Trabajo impugna cuatro contratos colectivos, siendo el de Petroecuador el que menos beneficios otorga a sus trabajadores sindicalizados en comparación con los otros tres. Si el contrato es declarado nulo, Petroecuador tendrá la oportunidad de negociar un nuevo acuerdo colectivo que cumpla con los requisitos legales establecidos.
La auditoría al contrato colectivo de Petroecuador puede llevar a su nulidad y abrir la puerta a nuevas negociaciones que se ajusten a la ley, aunque el contrato actual ofrece beneficios significativos a los trabajadores, su falta de aval presupuestario y los cuestionamientos del Ministerio de Trabajo han puesto su validez en duda, la resolución de esta situación determinará el futuro de los beneficios laborales en Petroecuador y establecerá un precedente para otros contratos colectivos en el sector público.