Han pasado ocho meses desde que la Asamblea Nacional estableció una mesa ocasional para investigar el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, y siete semanas desde que se aprobó el informe que concluye que el expresidente Guillermo Lasso podría tener responsabilidad en el crimen, aunque existe un informe minoritario que considera que se trató de un crimen político.
La mesa ocasional, bajo la presidencia de Viviana Zambrano, entregó el informe al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, el 13 de junio de 2024. Desde entonces, han transcurrido 48 días sin que el informe haya sido presentado al pleno de la Asamblea.
El 9 de agosto se cumplirá el primer aniversario del magnicidio de Villavicencio y la Asamblea Nacional aún no ha discutido ni sacado conclusiones sobre el caso. La responsabilidad de presentar el tema al pleno recae en el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, según los legisladores consultados, quienes instan a que se haga antes del 9 de agosto. La mayoría de los legisladores desconocen el contenido de ambos informes.
El informe mayoritario, aprobado con seis votos de asambleístas de ADN, RC, PSC y Pachakutik, sugiere que el asesinato podría implicar «infracciones penales y administrativas» por parte del expresidente Guillermo Lasso, el exministro del Interior Juan Zapata, y la cúpula de la Policía Nacional de la época. Se argumenta que Lasso no cumplió con su deber de mantener el orden interno y la seguridad pública, lo que contribuyó a la ola de delincuencia y al asesinato de Villavicencio el 9 de agosto de 2023. El informe sostiene que si se hubieran cumplido adecuadamente las funciones de seguridad, se podría haber evitado el crimen.
Por otro lado, el informe minoritario, liderado por Viviana Zambrano (Construye), sostiene que el asesinato de Villavicencio fue un «crimen político» debido a las investigaciones incómodas que realizó, que sumaron 17 casos en la Fiscalía, relacionados con sectores como el petrolero, el minero y el narcotráfico. Este informe resalta que la vida de Villavicencio estaba en gran riesgo, y que el ataque del 9 de agosto de 2023 fue el resultado de un crimen político, no de delincuencia común.
Zambrano ha solicitado al presidente de la Asamblea que se incluya ambos informes para su discusión en el pleno, pero aún no se ha fijado una fecha. Ella ha criticado el informe mayoritario por considerar el asesinato un delito común y ha planteado la necesidad de una reconstrucción de los hechos.
El asambleísta Adrián Castro, de la bancada ADN, ha expresado preocupación por la falta de discusión del informe en el pleno, señalando que uno de los problemas es la falta de transcripción de las actas y sustentos. Destacó que el informe aprobado, con seis votos, reveló conclusiones graves sobre las acciones y omisiones de entidades y funcionarios públicos en el asesinato, incluyendo el incumplimiento del Acuerdo 055 del Ministerio de Gobierno, que debía garantizar una mayor seguridad para Villavicencio.
La asambleísta Sofía Sánchez, del PSC, opinó que los informes no abordaron los aspectos fundamentales que la Asamblea debía revisar en términos de control político, destacando que los ministros deberían responder sobre la falta de seguridad proporcionada.
Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, criticó duramente el informe mayoritario, calificándolo de falso y fraudulento, y defendió que el asesinato de Villavicencio fue un crimen planificado y político, no un acto de delincuencia común.
Finalmente, Luzmila Abad, de Pachakutik, defendió el informe mayoritario y señaló que a pesar del silencio de muchos funcionarios, se identificaron alertas importantes, como la filtración de la ubicación de Villavicencio por el ECU911, y cuestionó la falta de acciones de la Fiscalía hacia los servidores públicos encargados de la protección.