El gobierno mexicano, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, pidió a Ecuador que le dé un permiso especial a Jorge Glas, el exvicepresidente, para que pueda salir del país, ya que México le ha otorgado asilo político. Eso, a pesar de que los dos países hayan roto sus relaciones diplomáticas.
Para este pedido, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México utilizó el acuerdo firmado con Suiza el 15 de junio de 2024 para proteger los intereses mexicanos en Ecuador, después de que se rompieran las relaciones debido a una incursión policial en la Embajada mexicana en Quito para arrestar a Glas.
El Gobierno de México ha pedido oficialmente al Gobierno de Ecuador un permiso especial para que Jorge David Glas Espinel, quien es un asilado político mexicano, pueda salir del país. Esta solicitud se basa en los artículos IX, XII y XIII de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, un acuerdo internacional que tanto México como Ecuador deben cumplir.
Para que el señor Glas Espinel sea entregado y llevado a un tercer país según el artículo XIX de la Convención de Caracas, a solicitud de la parte interesada, añade.
La Secretaría también ha pedido que, mientras se emite el salvoconducto, se tomen medidas humanitarias para que el señor Glas Espinel sea liberado y llevado a un lugar seguro, debido a su grave estado de salud.
México le dio asilo político al señor Glas Espinel el 4 de abril de 2024. Esta noticia se hizo pública el 5 de abril de 2024 a través de un comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Luego, el 6 de abril de 2024, se informó oficialmente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador mediante una nota diplomática.
El Estado mexicano decidió otorgar protección internacional a Glas Espinel tras evaluar detenidamente la información proporcionada tanto por él como por el Gobierno de Ecuador desde diciembre de 2023. Esta decisión se basó en los principios del asilo político y en la verificación de que se cumplían los requisitos establecidos en la Convención de Caracas, específicamente en los artículos I, IV y IX.
La decisión también se basa en el principio pro persona, que está establecido en la Constitución de México. Este principio forma parte de la tradición humanitaria del país para proteger a las personas perseguidas por motivos políticos.
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