La Asamblea Nacional de Nicaragua divulgó este 20 de noviembre la propuesta de reforma a la Carta Magna enviada por Daniel Ortega, quien acumularía aún más poder en el orbe presidencial junto a su esposa, Rosario Murillo, a quien busca convertir en «copresidenta» del país.
La enmienda, llamada oficialmente «Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas», tiene como objetivo modificar más de 100 artículos constitucionales, lo que haría que la Presidencia se convierta en la «coordinadora» de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de la autoridad electoral y del Ejército.
Esta concentración de poder en la oficina presidencial de Managua no solo se piensa para que recaiga exclusivamente en Ortega. La reforma constitucional también tiene en la mira incluir la figura de la «copresidenta», que compartirá el poder con el ahora presidente, quienes gobernarían Nicaragua por periodos de seis años, con opción a reelección indefinida.
Ortega, de 79 años y que lleva cuatro mandatos presidenciales consecutivos, ha propuesto reformar la Constitución 12 veces desde que entró al poder en 2007, incluida la más polémica, en 2014, cuando logró incluir la reelección presidencial indefinida en la Carta Magna. En 2023, el controversial mandatario ya avisaba sobre sus intenciones de proponer otra reforma constitucional.
Además de la partición de la Presidencia entre la pareja Ortega-Murillo y la expansión de sus facultades de gobernanza, la reforma propuesta por el mandatario también incluye otros polémicos apartados legislativos que agudizan la crisis política que atraviesa Nicaragua.
Por un lado, la enmienda propone que el Estado expanda su control sobre los medios de comunicación locales, con el objetivo de «evitar que sean sometidos a intereses extranjeros». Además, la reforma busca limitar la libertad de expresión a cuando esta «no transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución».
Otra de las medidas controversiales que permitiría la nueva legislación es que la Presidencia, cuando lo vea necesario, estaría facultada a ordenar el despliegue del Ejército «en apoyo» de la Policía Nacional. La reforma también permite a oficiales militares o policiacos tomar cargos ejecutivos temporalmente cuando «el interés supremo de la nación lo exija».
Se espera que la Asamblea Nacional, controlada por el FSLN, apruebe la propuesta de Ortega en la brevedad. El presidente del organismo, Gustavo Porras, avisó que la reforma podría ser aprobada tan pronto como el próximo 22 de noviembre.
Foto Cortesía.
