En 2023, la violencia de género alcanzó cifras alarmantes tanto a nivel mundial como en Ecuador. A nivel global, ONU Mujeres reportó que más de 51,000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares, destacando la violencia doméstica como la principal causa. Este informe subraya la necesidad de mejorar la recolección de datos sobre feminicidios para permitir una mayor rendición de cuentas de los gobiernos y garantizar la seguridad de las mujeres.
En Ecuador, la situación es igualmente preocupante. Se registraron 321 muertes violentas de mujeres durante 2023, lo que coloca al país en una situación crítica en términos de feminicidios. De estos, 128 fueron feminicidios en contextos de pareja o familiares, mientras que 172 fueron asesinatos en sistemas criminales. Guayas, Manabí y Los Ríos fueron las provincias más afectadas, con 91, 43 y 40 casos, respectivamente. La Fundación Aldea destacó que 2023 fue el segundo año más violento para las mujeres en Ecuador, después de 2022, con un promedio de un feminicidio cada 27 horas. Además, al menos 187 menores quedaron huérfanos debido a estos crímenes.
ONU Mujeres también destacó la importancia de medidas preventivas, como las órdenes de alejamiento, que podrían salvar vidas si se implementan de manera efectiva. En Ecuador, se observó que muchas de las víctimas habían reportado previamente abusos o contaban con boletas de auxilio que no fueron suficientes para evitar la tragedia. Las organizaciones feministas en el país continúan exigiendo respuestas del Estado, así como políticas que garanticen una protección real para las mujeres y que aseguren que los responsables sean castigados de acuerdo con la ley.
La violencia de género es un problema global, y Ecuador no es ajeno a esta crisis. Los feminicidios continúan reflejando la ineficacia de las políticas públicas en proteger a las mujeres. Las estadísticas indican que, aunque el femicidio fue tipificado como delito en 2014, la falta de acción efectiva y la escasa atención a las denuncias de las víctimas agravan la situación. Por lo tanto, el desafío sigue siendo significativo, y la necesidad de un cambio en las políticas y en la cultura de justicia es más urgente que nunca.
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