El presidente venezolano Nicolás Maduro ha firmado una nueva ley que impone severas sanciones a quienes promuevan sanciones internacionales contra Venezuela. Según esta normativa, quienes sean considerados responsables de solicitar medidas coercitivas, como las sanciones, podrían enfrentarse a penas de hasta 30 años de prisión por «traición a la patria». Esta ley fue presentada como un acto de defensa contra lo que el gobierno considera un ataque económico y político dirigido a socavar la soberanía del país.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó que la legislación busca castigar a quienes pidan «actos de agresión» contra Venezuela, acusándolos de traición. La propuesta se presenta en respuesta a la aprobación en Estados Unidos de una ley que prohíbe a las instituciones federales contratar a empresas que mantengan vínculos con el gobierno de Maduro. En este contexto, Rodríguez ha señalado que las sanciones impuestas por gobiernos extranjeros tienen características de «crímenes de lesa humanidad», especialmente aquellas dirigidas a dañar la libertad económica de los ciudadanos.
Esta ley especial se enfocará en crear un proceso judicial que permita inhabilitar de forma definitiva a quienes participen en este tipo de actividades, impidiendo que ocupen cargos públicos. Además, el gobierno venezolano rechaza las sanciones como una forma de agresión dirigida a la economía y el bienestar de su población, señalando que estas medidas buscan destruir el país desde dentro.
El proyecto ha sido parte de una serie de iniciativas del gobierno venezolano para contrarrestar las presiones internacionales y fortalecer su control interno. Se considera que las sanciones son una extensión de lo que se considera una «guerra económica», una estrategia que se implementa desde fuera para desestabilizar el régimen. Este movimiento busca también movilizar apoyo interno al posicionar la ley como una defensa de la soberanía nacional.
Con esta nueva medida, el gobierno de Maduro refuerza su postura de rechazo a las sanciones internacionales y de fortalecimiento del poder político dentro del país, al tiempo que incrementa la tensión con la comunidad internacional, especialmente con los países que apoyan las sanciones contra su administración.
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