Miles de manifestantes proeuropeos se reunieron este sábado, 30 de noviembre, a las calles de la capital de Georgia, Tiflis, para protestar por tercera vez consecutiva contra el Gobierno, acusado por la oposición de distraer al país y evitar su adhesión a la Unión Europea (UE).
Georgia ha sido tradicionalmente una de las repúblicas exsoviéticas más afines a Occidente y en su Constitución se establece el objetivo de ingresar a la Unión Europea.
Las dos manifestaciones anteriores, el jueves 28 y el viernes por la noche, fueron dispersadas con cañones de agua y gases lacrimógenos por la Policía, que también efectuó más de 100 detenciones.
Las protestas se desencadenaron por la decisión del Gobierno, acusado de autoritarismo prorruso, de aplazar hasta 2028 las conversaciones sobre la integración del país caucásico a la UE.
La oposición también impugnó los resultados de las elecciones legislativas de octubre, que dieron la victoria al partido gobernante, Sueño Georgiano.
Este sábado por la noche, las calles del centro de la capital de este país del Cáucaso, cerca del Parlamento, estaban abarrotadas de manifestantes, muchos de ellos con banderas de la UE y de Georgia.
La presidenta georgiana, Salomé Zurabishvili, enfrentada al Gobierno pero con poderes limitados, declaró el viernes por la noche que “el movimiento de resistencia ha comenzado”.
“Permaneceremos unidos hasta que Georgia alcance sus objetivos: volver a la senda europea y obtener nuevas elecciones”, declaró esta antigua diplomática georgiana-francesa, que se niega a reconocer la legitimidad del Parlamento resultante de las elecciones legislativas del pasado octubre.
Este viernes, Francia hizo un llamamiento al “respeto del derecho a manifestarse pacíficamente” y subrayó su “apoyo a las aspiraciones europeas de Georgia”, “que no deben ser traicionadas”.
Otro país que se ha pronunciado sobre la situación de la nación caucásica es Estados Unidos: el Departamento de Estado aseguró que suspendió su asociación estratégica con Georgia.
Por su parte, el Consejo de Europa condenó la “brutal represión de las manifestaciones” y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) denunció el “uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza” por parte de la Policía.
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