El SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad) ha otorgado el contrato para la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en Archidona a la empresa Puentes y Calzadas, con un plazo de ejecución de 300 días. La obra fue adjudicada por un valor de USD 51,9 millones, según una resolución publicada el 10 de diciembre en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública. La construcción comenzará una vez que se autorice oficialmente el inicio de los trabajos.
Esta adjudicación se produce en medio de intensas protestas en la región amazónica, donde las comunidades han estado manifestándose contra el proyecto. Las protestas, que ya cumplen su octavo día, han generado bloqueos en la Y de Baeza, lo que ha dejado incomunicadas a las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos. Las comunidades, principalmente kichwas y campesinas, han expresado su rechazo al proyecto, argumentando que la construcción de la cárcel afectará tanto a las instituciones educativas cercanas como al ecosistema natural de la Amazonía.
Voceros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) han advertido que defenderán su territorio «hasta las últimas consecuencias», mientras que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha señalado que radicalizarán las protestas si el gobierno sigue adelante con el plan para edificar la cárcel en Archidona.
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