La Corte Constitucional de Ecuador ha admitido a trámite una demanda de inconstitucionalidad en contra del Decreto Ejecutivo 500, emitido por el presidente Daniel Noboa. Este decreto dispuso que la Secretaría Jurídica de la Presidencia, Cynthia Gellibert, asumiera temporalmente la Presidencia de la República del 9 al 12 de enero de 2025. La medida fue adoptada mientras Noboa participaba en actividades proselitistas en el contexto político actual.
La demanda fue presentada por el ciudadano Gabriel Pereira Gómez, quien argumentó que la acción del presidente podría violar disposiciones constitucionales relacionadas con la delegación de funciones. Según el demandante, Noboa habría evitado delegar la Presidencia a la vicepresidenta Verónica Abad, lo que podría interpretarse como un intento de desvirtuar el rol que la Constitución asigna al segundo mandatario en situaciones de ausencia temporal del jefe de Estado.
Entre las críticas presentadas en la demanda, Pereira Gómez señaló que el Decreto 500 podría sentar un precedente negativo para la democracia en Ecuador, permitiendo que futuros presidentes eviten que sus vicepresidentes asuman la jefatura del Ejecutivo. Este acto, según el demandante, afecta la estabilidad institucional y contradice principios fundamentales de la separación de poderes y la estructura democrática del país.
A pesar de haber aceptado el caso, la Corte Constitucional rechazó suspender provisionalmente la aplicación del Decreto Ejecutivo 500, como lo solicitaba el demandante. Los jueces consideraron que los argumentos presentados no eran suficientes para justificar la suspensión inmediata de la disposición presidencial. Esto significa que Cynthia Gellibert continuará desempeñando sus funciones como presidenta encargada durante el periodo establecido.
En su decisión, la Corte solicitó a la Presidencia de la República y a la Procuraduría General del Estado que emitan un pronunciamiento oficial sobre el caso. Ambas instituciones tienen un plazo de tres días para presentar sus alegaciones. Esta etapa es fundamental para determinar la validez del decreto y evaluar si se ajusta a las normas constitucionales vigentes.
La medida ha generado un intenso debate en el ámbito político y jurídico del país. Algunos sectores consideran que la delegación temporal del poder a un funcionario designado por el propio presidente representa una maniobra política. Otros opinan que se trata de un recurso válido dentro de las facultades ejecutivas para garantizar la continuidad del gobierno mientras el mandatario se encuentra ausente.
Por su parte, la ciudadanía y varios expertos en derecho constitucional han instado a la Corte a analizar con detenimiento las implicaciones legales y democráticas de este caso. La resolución final no solo definirá la validez del Decreto Ejecutivo 500, sino que también establecerá un precedente relevante en cuanto a los límites de las atribuciones presidenciales en situaciones similares.
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