El 16 de junio de 2025, la Asamblea Nacional inició el análisis de una propuesta impulsada por la bancada oficialista Acción Democrática Nacional, que busca endurecer las sanciones para adolescentes que cometan delitos graves. La iniciativa contempla que, si los menores participan en delitos cuya pena supera los 10 años, puedan ser juzgados bajo criterios similares a los aplicados a los adultos.
El planteamiento ha generado divisiones dentro del Legislativo. La bancada de la Revolución Ciudadana, cuestiona la constitucionalidad de incluir este tema en una ley económica urgente, argumentando que podría violarse el principio de unidad de materia. En contraste, el oficialismo sostiene que la propuesta sí respeta ese principio y que su objetivo principal es reforzar la seguridad del país.
Organismos internacionales como UNICEF también han expresado su preocupación, advirtiendo que la medida podría afectar negativamente los derechos de los adolescentes. El debate se mantiene abierto en la Asamblea, y se espera una decisión en las próximas semanas sobre la inclusión o no de esta reforma dentro del proyecto de ley urgente enviado por el presidente Daniel Noboa.