‘Los familiares no somos los custodios de la información’

Tuesday, 15 May 2018 11:24 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

Los familiares llegaron la noche del 14 de mayo del 2018 al Salón Azul del Palacio de Gobierno, para recibir los documentos.


La tarde de ayer lunes 14 de mayo del 2018, los familiares del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra recibieron los documentos relacionados con la actuación del Estado en torno a su secuestro y posterior asesinato. La entrega se realizó de forma reservada en el Salón Azul del Palacio de Carondelet. No estuvo el presidente Lenín Moreno.

Quien proporcionó las cinco carpetas y dos sobres manila fue el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán. Ricardo Rivas, hermano de Paúl, recibió el material, frente a los ministros del Interior, Mauro Toscanini; de Defensa, Oswaldo Jarrín, y de Justicia, Rossana Alvarado.

Minutos antes de recibir los papeles, los parientes emitieron un comunicado y dijeron lo siguiente: “Hace 50 días nos aseguraron que Javier, Paúl y Efraín volverían con vida. Hace 31 días nos aseguraron que nos devolverían sus cuerpos. Ninguna de las dos ‘altas prioridades’ se ha cumplido”. Esperan que lo que se encuentre en medio de esa documentación “sea veraz, valedero y completo”.

Y adelantaron que si falta información volverán a pedirla. La idea es “elaborar el mapa de lo ocurrido con los tres, que no se resume a un secuestro aislado, sino que forma parte de una problemática que ha permeado el país desde hace varios años”.

Los allegados aseguraron que la responsabilidad del Estado en el esclarecimiento de los hechos no concluye y aclararon que: “Las familias de los tres ciudadanos ecuatorianos no somos ni los custodios ni los responsables absolutos de la información recibida”. Y dijeron que son “copartícipes de acciones en las que deben articularse todas las entidades”.

La semana pasada, el secretario del Presidente, Juan Sebastián Roldán, aseguró que una vez entregado el material, el Gobierno dejará de ser el custodio. “Serán los familiares los que decidan cómo manejar esa información”. Por unanimidad, las familias decidieron que la información entregada permanecerá en una cadena de custodia, “de cuya inviolabilidad dará fe un notario público, pues será entregada de manera exclusiva a los delegados de la CIDH, una vez que el Grupo Internacional de Expertos inicie su tarea.

La documentación será sellada, trasladada con medidas de seguridad y será abierta de manera exclusiva ante el grupo de la CIDH. “Hasta tanto no se hará pública y permanecerá en una caja fuerte, en un lugar custodiado, pues constituye lo único que nos ha sido entregado de Javier, Paúl y Efraín”.

Los allegados dicen también que la repatriación de los cuerpos es una obligación de los estados de Ecuador y Colombia. Y volvieron a pedir que se diga puntualmente cuál es la estrategia para lograrlo.

Por eso, instaron a la Fiscalía General a pedir los documentos al Ejecutivo y que los incorpore a los expedientes. Ese pedido también lo plantearon a los fiscales colombianos encargados de este tema.

Temprano, las familias conversaron sobre el anuncio de la CIDH, de conformar un grupo de seguimiento en torno al secuestro y asesinato. Ellos viajan a las 05:00 de hoy martes a Colombia. Allí tienen planificado reunirse con las autoridades de la Fiscalía y de la Procuraduría. También tendrán una cita con la Fundación para la Libertad de Prensa.

Operaciones militares ​ Ayer lunes, también hubo información en torno a la actuación militar en la frontera. El Mando Unificado (Policía-FF.AA.), creado a raíz de la violencia desatada en San Lorenzo, fue reemplazado por una Fuerza de Tarea Conjunta de FF.AA.

Este organismo, que estará a cargo de un general del Ejército, es parte de la nueva política de Defensa y Seguridad que el Ministerio de Defensa presentó al presidente Lenín Moreno, para enfrentar la crisis que se vive en la línea con Colombia. Ayer, el titular de la Cartera de Defensa, Oswaldo Jarrín, afirmó que esta nueva estrategia es el inicio del proceso de reinstitucionalización de las FF.AA.

Es decir, la seguridad fronteriza pasa a ser responsabilidad específica de los militares. La Policía será un apoyo de los soldados, pero será el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el que elaborará el plan estratégico militar. De hecho, el Ministerio de Defensa será el ente que coordine las acciones para ejecutar los nueve objetivos que contempla la seguridad pública.

Entre esos están programas de desarrollo social para las poblaciones que están asentadas en el cordón fronterizo de Esmeraldas. “La seguridad no es militarizar la frontera, es la presencia de las Fuerzas Armadas para garantizar que las demás instituciones cumplan con sus funciones”, dijo Jarrín.

Pero la reorganización de las Fuerzas Armadas también contempla la modernización de equipos y armamento para los soldados. Ayer lunes, el Ministro dio detalles de las necesidades que tienen los uniformados y habló de la adquisición de cascos, chalecos e insumos vitales para los soldados.

En torno a las armas, el Secretario de Estado dijo que es necesario comprar más equipos. Actualmente, las Fuerzas Armadas tienen fusiles que sobrepasan los 25 años de servicio. Similar uso tienen los cascos, chalecos antibalas y otros insumos militares.

Tras un acto castrense, que se desarrolló en la Comandancia de la Fuerza Terrestre, el comandante del Ejército, Roque Moreira, dijo que habrá cambios en las directrices del Ejército para combatir las amenazas en Esmeraldas.

En contexto El jueves, autoridades del Gobierno anunciaron la desclasificación de la documentación relacionada con el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico conformado por Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra.

Fuente: El Comercio 

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