La Asamblea realizará cambios en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La regulación al tránsito vehicular, el servicio de transporte público y la seguridad de peatones y pasajeros se plantearon en el Pleno este 2 de julio del 2019.
Entre las reformas está previsto hacer una revisión de las rutas y frecuencias a los que acceden los vehículos de transporte público, los títulos habilitantes (permisos de operación y autorizaciones a personas jurídicas), concesiones (derecho a transportar) y sanciones administrativas a las operadoras, cooperativas y compañías de transporte público.
En la regulación al tránsito vehicular se prevé un análisis a las licencias de conducir. El conductor que pierda los 30 puntos de su licencia deberá aprobar un curso de 120 horas. Si el infractor no asiste su licencia será suspendida por 90 días. Esto lo plantea el legislador Fafo Gavilánez.
Con la vigente Ley de Tránsito, la suspensión de la licencia por 90 días al perder los 30 puntos es inmediata.
Sobre la Seguridad Vial, los legisladores proyectan incrementar el número de centros revisión técnica vehicular. Se revisará también el manejo de los seguros de vida en caso de producirse un siniestro de tránsito.
Representantes del gremio de transportistas y de organizaciones civiles acudieron a la Asamblea para pronunciarse sobre las reformas.
Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Municipio de Quito, manifestó que es importante que los vehículos y los agentes de tránsito lleven dispositivos electrónicos como una medida de prevención. Añadió que sería “un error quitar el sistema de puntos” de la licencia de conducir.
Víctor Jiménez, director de la Fundación Covial, mencionó aspectos a considerar como el exceso de velocidad, conducir con luces altas, cambiar de carril de forma imprudente y otras acciones que se toman en las vías del país. 13 muertos y 151 heridos por día es el saldo que se produce en accidentes de tránsito, según Jiménez.
Teresa Benavides, asambleísta por Alianza País, planteó incluir un artículo para “garantizar el derecho a la educación vial y tránsito”. El Ministerio de Educación y los Agencia Nacional de Tránsito serían los encargados de realizar “los programas educativos de prevención y seguridad vial” para incluir como asignatura la educación vial en las mallas curriculares de escuelas y colegios.
De su parte, el asambleísta Henry Moreno coincidió en el tema de educación y dijo que hay que hacer una auditoría de los recursos obtenidos por multas de tránsito que manejan los municipios.
La sesión de este 2 de julio, en la que se analizaba este tema, se suspendió por falta de quórum.
Fuente: El Comercio