Se instaló, este miércoles, en la Corte Nacional de Justicia el quinto día de audiencia de juzgamiento del caso Las Torres, teniendo a Pablo Celi en arresto domiciliario y otros dos procesados, Esteban Celi y Adolfo Briones, con medida cautelar de prohibición de salida del país.
Por pedido de la fiscalía los jueces Walter Macías, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa decidieron revisar la prisión preventiva que ya existía y ordenaron la prohibición de salida del país. Esta decisión fue tomada porque este miércoles 13 de abril se caduca la prisión preventiva y al no haber una sentencia de por medio Esteban Celi y Briones podrían haber quedado libres.
Aun así, ninguno de los dos procesados podrán salir en libertad debido a dos nuevas órdenes de prisión, contra Esteban Celi, dentro de un proceso por el delito de cohecho, y contra Adolfo Brines, por una acusación e inicio de una instrucción fiscal por el delito de lavado de activos.
Por otro lado el excontralor Celi salió de en libertad el pasado martes y fue llevado hasta una casa al norte de la urbe, ahí cumplira la nueva medida cautelar de arresto domiciliario. En los procesos por delincuencia organizada y cohecho, se le cambió la prisión preventiva por el arresto domiciliario, el uso de grillete electrónico y la vigilancia policial permanente.
Marcelo Ron, abogado de Celi, declina las insinuaciones de que el excontralor podría escaparse una vez que salió de la cárcel, señala que el principal interés de su defendido es asistir a las audiencias para mostrar su inocencia y que todos los procesos judiciales en su contra responden a una persecución política.
En los días anteriores ya se han escuchado los testimonios de Raúl De la Torre, José Luis de la Paz y Pedro Crespo y en el quinto día de diligencia se inició con la reproducción de lo dicho por el exfuncionario de la empresa Nolimit S.A., Sebastián Saa Guarderas.
Solo faltaría por conocerse durante esta jornada los testimonios de quien también fue parte de Nolimit, Sebastián Robles, y el exfuncionario de la Contraloría General del Estado (CGE), Luis Miño.
La Fiscalía ha dicho que mantiene el material probatorio para demostrar la existencia de un “grupo organizado y estructurado” que trabajó a través de la CGE, la secretaría de la Presidencia y de la empresa pública Petroecuador, entre 2017 y 2020, para que mediante el mecanismo del desvanecimiento de glosas obtener el 20% de una factura de $ 20′345.609 que se debía pagar a la empresa Nolimit C.A.
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