Julio César Sarango, que es el abogado de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, dijo que los 81 asambleístas que crearon la comisión pluripartidista podrían ser destituidos. Esto debido a que incumplieron con medidas cautelares.
El abogado aseguró que la presidenta notificó sobre lo ocurrido al Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Los magistrados le concedieron las medidas cautelares y fueron revocadas el 27 de abril, un día después de que se conformó la famosa comisión.
El funcionario dijo «El Tribunal Constitucional Penal de Pichincha está en la obligación de mandar a la Corte Constitucional para que analice el incumplimiento de esta disposición, inclusive con la destitución de todos los asambleístas que votaron por esa conformación de la Comisión existiendo medidas cautelares vigentes».
Es por eso que invocó a la Constitución y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional sobre la sanción máxima para los funcionarios públicos, cuando no cumplen con la órdenes de los jueces.
Los asambleístas correístas de Unión por la Esperanza (Unes) señalaron que las medidas cautelares se cumplieron cuando Fausto Jarrín, se abstuvo de mocionar al Plena la confirmación de una comisión para evaluar al CAL, sin una denuncia como la que después se presentó contra la presidenta Llori,
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