El secretario de Política Pública Anticorrupción, Luis Verdesoto, presentó al presidente Guillermo Lasso los nueve lineamientos de la estrategia nacional.
El diagnóstico realizado por la Secretaría de Política Pública Anticorrupción encontró que, dentro del Ejecutivo, hay 30 instituciones en las que se concentra el riesgo de verse envueltas en hechos de corrupción.
Entre ellas, ocho se ubican en la categoría de alto riesgo de corrupción, en las áreas de:
- Petróleo, energía, minería.
- Telecomunicaciones.
- Obras públicas.
- Seguridad social.
- Salud.
- Inclusión social.
- Financiamiento.
El titular de la Secretaría, Luis Verdesoto, entregó la lista de estas entidades y su radiografía al presidente Guillermo Lasso, sin darlas a conocer públicamente, como uno de los primeros pasos en la estrategia nacional anticorrupción.
Uno de los objetivos es que estas entidades reciban un mayor apoyo en la prevención de la corrupción. Por lo que habrá grupos de intervención que trabajarán durante tres meses en cada institución, para mejorar sus capacidades de auditoría y vigilancia interna.
Los equipos estarán conformados por un delegado presidencial y tres especialistas que no pertenezcan al Estado. Sin embargo, el salario de estos funcionarios temporales sí saldrá de las arcas públicas.
Se utilizarán los recursos que depositó el gobierno del expresidente Lenín Moreno en Viena (Austria), con el fin de crear la fallida comisión internacional de expertos anticorrupción.
El actual Gobierno trabaja en recuperar ese USD 1 millón que se entregó a la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), quien iba a coordinar el trabajo de la comisión que no superó la etapa inicial, por lo que varios de los expertos mantienen una demanda contra el Estado.
Además, el Ejecutivo también buscará expertos en auditoría petrolera en el extranjero, el secretario Verdesoto explicó que ese tipo de especialistas no existen en el país. Pero que, para evitar conflictos de intereses en un área tan compleja, a la vez buscarán que sean financiados por un organismo internacional.
La estrategia nacional anticorrupción tiene nueve lineamientos, que serán aplicados a través de distintas líneas de trabajo en todo el Ejecutivo, bajo el liderazgo de la Secretaría:
- Concientización.
- Responsabilidad compartida.
- Lucha focalizada en escenarios críticos.
- Prevención y trámite efectivo de conflictos de interés.
- Transparencia en el gasto público.
- Desarrollo de capacidades institucionales.
- Contratación pública responsable y transparente.
- Prevención de corrupción transnacional.
- Aplicación de tecnologías.
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