La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició la etapa de comparecencias a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), este viernes 21 de octubre de 2022. Estan involucrados Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán, David Rosero, Sofía Almeida y Juan Javier Dávalos.
En este proceso, que concluirá en ocho días, se revelaron llamadas telefónicas y chantajes en las designaciones de autoridades de control. Además, rendirán su versión los testigos solicitados por los interpelantes e interpelados.
Las acusaciones que enfrentan los siete consejeros están relacionadas con supuestas anomalías en el proceso de designación del superintendente de Ordenamiento Territorial, modificación del reglamento para la designación de la autoridad principal de la Contraloría General del Estado, incumplimiento de funciones en el proceso de remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura, entre otras denuncias.
En la comparecencia del exlegislador Fausto Lupera, se indicó que el activista Fernando Balda chantajeaba a la consejera Ibeth Estupiñán con grabaciones telefónicas, en las que interactuaba ella on Lupera y Gianella Jácome, aspirante a superintendenta de Ordenamiento Territorial.
Lupera reconoció que habló con ambas personas, pero aclaró que por esa acción no se puede hablar de tráfico de influencias. Además, advirtió que Jaime Lalaleo es abogado de Fernando Balda y que está actuando en el juicio en calidad de testigo de la interpelante Mireya Pazmiño. Sin embargo, la secretaría de la Comisión informó que no confirmó su participación hasta la fecha.
Hernán Ulloa, por su parte, aclaró que Jácome no fue designada superintendenta de Ordenamiento Territorial, y que por unanimidad el CPCCS eligió a Pablo Iglesias.
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