Con tres votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, la Comisión de Fiscalización no dio paso al informe que recomendaba el juicio político contra los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) por incumplimiento de funciones.
El informe pasará al Pleno de la Asamblea Nacional para que sean los 137 asambleístas quienes decidan si salvan definitivamente a los consejeros o los llaman a juicio. Necesitarán 70 votos.
La Comisión decidió unificar los dos procesos de juicio político presentado por los legisladores Mireya Pazmiño, Ángel Maita y Ricardo Vanegas. El informe detalla, de manera individual, el incumplimiento que cada consejero.
Además, entre las causales, los legisladores señalaron que incumplieron sus funciones por haber reformado el reglamento para designar al contralor general del Estado, cuando ya había iniciado el concurso; por haber removido al vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo; por un supuesto conflicto de interés en la designación del defensor del Pueblo encargo.
El informe será remitido al Presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, quien tendrá cinco días para convocar a una sesión del Pleno y votar dicho informe. En caso de que pase, los consejeros serán llamados a juicio político y deberán defenderse en una próxima sesión del Pleno.