La Corte Constitucional (CC) de Ecuador dio luz verde el jueves a las 8 preguntas previstas por el Gobierno de Guillermo Lasso para la consulta popular en 2023.
“Respecto de las preguntas, la Corte concluyó que estas cumplen los requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y garantizan la libertad de los electores, por lo que las declaró constitucionales”, dijo en un comunicado.
La consulta podría tener lugar el 5 de febrero próximo, simultáneamente con las elecciones seccionales, en la que se elegirán 23 prefectos e igual número de viceprefectos.
Además, en estos comicios serán votarán los 221 alcaldes, concejales urbanos, concejales rurales y vocales principales de las juntas parroquiales.
Los ecuatorianos serán consultados sobre asuntos relacionados con protección del ambiente, seguridad, transparencia, registro de partidos políticos y la conformación de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).
Otra de las votaciones previstas es la elección de los 7 integrantes principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs, entidad autónoma de control).
En ese contexto electoral podrían tener lugar otras dos consultas también el próximo año, de ser calificadas, una referida a la explotación petrolera en la reserva amazónica del Yasuní, y otra para Quito sobre la prohibición de la minería en el Distrito Metropolitano de Quito y en la reserva ecológica del Chocó Andino.
La última consulta popular realizada en Ecuador tuvo lugar en 2018, durante el Gobierno de Lenín Moreno, para hacer cambios a la Constitución, como la eliminación de la reelección indefinida del presidente de la República.
ASÍ QUEDAN LAS PREGUNTAS PARA LA CONSULTA POPULAR
¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías?
¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal?
¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior?
¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral?
¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas?
¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales?
¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo?
¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional?
Falta que la Corte se pronuncie sobre las últimas tres preguntas de consulta popular que el Ejecutivo planteó sobre temas de seguridad y de empleo.
Cuando tenga una respuesta, el presidente Lasso podrá emitir un decreto ejecutivo que convoque a elecciones. A partir de allí el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá 15 días para convocar a las elecciones y otros 60 adicionales para realizar la consulta.
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