Una vez que las asambleístas Pamela Aguirre y Viviana Veloz (UNES) solicitaron al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que investiguen el patrimonio del juez Ángel Lindao, ahora su bancada pidió una aclaración y ampliación de la acción de protección con la que se frenó la destitución de los cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El juez Lindao fue sancionado por el Consejo de la Judicatura (CJ) por devolver los bienes a Leandro Norero y restituir a los cuatro vocales del CPCCS.
Es por eso que la bancada de UNES informó que de las 7 acciones presentadas para anular la destitución de los consejeros, seis jueces declararon no ser competentes, a excepción de Lindao, por lo que pidieron una aclaración y ampliación a esa “supuesta competencia”.
El recurso legal fue presentado en la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón La Concordia, a la que pertenece Lindao, quien emitió su fallo el pasado 23 de diciembre en atención a lo solicitado por el ciudadano Manuel Párraga.
En su providencia Lindao anuló la destitución de la que fueron objeto los consejeros Hernán Ulloa (presidente del CPCCS), María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo por incumplimiento de funciones. Esto les permitió regresar a sus cargos.