Tras una fuerte represión que denunció la comunidad de El Triunfo, parroquia de Buenos Aires, en Imbabura, que logró que se retire la empresa minera Hancock Prospecting de Australia (conocida como Hanrine), el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) resolvió respaldar las concesiones mineras legales con el uso de la fuerza pública para garantizar sus labores.
El secretario de Seguridad Nacional, Diego Ordóñez, fue enfático en rechazar las declaraciones, sin mencionar sus nombres, de organizaciones como la CONAIE o colectivos antimineros, de que van a mantener jornadas de resistencia ante el avance de la minería en el país. Incluso, descalificó a las guardias indígenas que pretendan proteger sus territorios.
Mencionó que “lo importante del anunció” es que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen todo el derecho a proteger los campamentos”.
Otra resolución del COSEPE fue declarar a la minería ilegal como amenaza a la seguridad Integral del Estado, por lo que se aprobó también una estrategia para combatirla.
Pero Ordóñez no entregó detalles sobre la situación actual de la minería ilegal; es decir, el número de campamentos identificados, los operativos realizados, decomisos o detenciones hasta ahora. Tampoco dijo en qué consistía la estrategia para combatir este problema.
Lo que sí dijo es que está actividad se vincula con otros delitos como el tráfico de armas y personas.