Como parte de la investigación sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, la Fiscalía General del Estado ha solicitado que 25 personas entreguen sus teléfonos celulares para examinar la información contenida en ellos. Estas personas deben responder a esta solicitud en un plazo de 48 horas.
La orden de la Fiscalía se emitió el 3 de octubre, en respuesta a una solicitud realizada por Cristina Villavicencio, hija del excandidato presidencial.
Entre las personas que deben entregar sus teléfonos se encuentra Christian Zurita, periodista y amigo de Villavicencio, quien lo reemplazó como candidato presidencial en la lista 25 del movimiento Construye.
En la lista también constan de César Gonzaga, escolta y amigo personal de Villavicencio; Víctor Hugo Enríquez; Carlos Figueroa, médico y amigo de Villavicencio; Patricio Carrillo, asambleísta elector por el movimiento Construye; Boanerges Villagómez, asambleísta electo por Construye; Galo Robalino, exdirector del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES); Antonio López Cobeña, gerente de la campaña presidencial de Fernando Villavicencio; Janeth Santos, Selva Osorio Villavicencio, Gloria López, entre otros nombres.
La hija del excandidato, a través de sus abogados, presentó un escrito a la fiscal a cargo con varios pedidos.
Entre otros, solicitó copias certificadas de los estudios de seguridad, incluidos los informes y entrevistas hechas a Fernando Villavicencio entre mayo de 2021 y el 9 de agosto de 2023 (día del crimen), con el fin de determinar si el Estado, a través del Ministerio del Interior, la Comandancia de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Seguridad y Protección, adoptaron las medidas pertinentes para proteger la vida del político.
Así mismo, pidió que se recepte las versiones del ministro del Interior, Juan Zapata; del comandante de la Policía, Fausto Salinas; y del teniente coronel Santiago Martínez, director nacional de Seguridad y Protección.
Se ha solicitado que se remita el resultado del análisis toxicológico realizado al cuerpo de Fernando Villavicencio. Además, se requiere información sobre el progreso de la denuncia por amenaza de muerte presentada por el excandidato en la Fiscalía de El Oro, en Machala, dirigida contra José Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros.
También se ha pedido a la fiscal copias certificadas de la demanda presentada por Fernando Villavicencio el 13 de abril, por tentativa de asesinato, contra los exasambleístas Pablo Muentes, Ronny Aleaga, Roberto Cuero, Ronald González y Walter Gómez. El 18 de agosto, nueve días después del asesinato, Cristina Villavicencio y otros familiares presentaron una denuncia en contra del Estado, amparándose en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) por el delito de asesinato. Esta denuncia se dirigió contra cinco personas: el presidente de la República, Guillermo Lasso; el ministro del Interior, Juan Zapata; Fausto Salinas, comandante general de la Policía; Manuel Samaniego, director general de Inteligencia de la Policía Nacional; y el subdirector operativo de seguridad y protección, cuyo nombre se desconoce en la demanda.
El impulso fiscal para revisar los 25 teléfonos celulares surgió cinco días después de que Estados Unidos anunciara la oferta de dos recompensas a cambio de información que pueda ayudar a identificar a los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio. Una de las recompensas asciende a $5 millones y se otorgará por proporcionar información que conduzca al arresto y/o condena de los co-conspiradores y autores intelectuales aún desconocidos detrás del homicidio. La segunda oferta económica es de $1 millón por información que permita identificar y localizar a cualquier individuo que ocupe un puesto de liderazgo importante en el grupo de delincuencia organizada transnacional responsable del asesinato, según lo detallado por la Embajada de Estados Unidos en Ecuador en un comunicado.