La madrugada de hoy, la Fiscalía General llevó a cabo una operación en la provincia de Guayas, que resultó en la detención de siete jueces, un exasambleísta y personal del Consejo de la Judicatura. Este operativo es parte de una investigación en curso sobre presunta delincuencia organizada y corrupción en el sistema judicial.
Entre los detenidos se encuentran la ex presidenta de la Corte de Justicia de Guayas, Fabiola Gallardo, y el exasambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes. Estas detenciones han generado un nuevo escándalo en el sistema de justicia ecuatoriano, que ya enfrentaba críticas por su falta de transparencia.
El caso ‘Purga’ se desprende de los hallazgos realizados en los chats del narcotraficante Leandro Norero, en el marco de la investigación conocida como ‘Metástasis’. Estos descubrimientos revelaron vínculos entre miembros del sistema judicial y grupos delictivos, lo que llevó a una ampliación de la investigación.
Según la fiscal general, Diana Salazar, el objetivo de esta operación es erradicar la corrupción y depurar el sistema judicial del país. Se espera que los detenidos enfrenten cargos relacionados con delitos de corrupción y presunta participación en actividades delictivas.
Se han hecho acusaciones graves contra los jueces de Guayas, quienes supuestamente habrían recibido sobornos a cambio de emitir sentencias favorables a personas vinculadas con actividades delictivas. Este escándalo ha generado indignación en la opinión pública y ha puesto en entredicho la integridad del sistema judicial.
El Partido Social Cristiano emitió un comunicado en el que señaló que «nadie está por encima de la ley» y se comprometió a respetar la independencia de las funciones judiciales.
Mientras tanto, legisladores de diversos sectores han expresado su apoyo a la fiscal Salazar y han pedido una profunda reflexión sobre la necesidad de reformar el sistema judicial del país.
Estas detenciones han aumentado la preocupación sobre la integridad del sistema judicial y han erosionado aún más la confianza del público en las instituciones. Se espera que este caso tenga importantes repercusiones políticas y sociales en el país.
La Fiscalía continuará con la investigación para determinar la responsabilidad de los detenidos y llevar a cabo las acciones legales correspondientes. Se espera que en los próximos días se presenten cargos formales contra los implicados.
En medio de este escándalo, se hace un llamado a reforzar la transparencia y la integridad en el sistema judicial ecuatoriano.
Es fundamental que se investiguen a fondo estas acusaciones y que se tomen medidas para restaurar la confianza del público en las instituciones judiciales.