Aunque el informe obtuviera el apoyo de la mayoría de los legisladores, no tendría validez legal. Sin embargo, esta propuesta podría afectar la reputación del país como un «mal pagador».
La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social aprobó un documento con nueve recomendaciones para el Parlamento, entre las que destacan:
- Impulsar mecanismos para demandar la inconstitucionalidad del acuerdo firmado por Ecuador con el FMI.
- Declarar la deuda como ilegítima.
- Instar al Gobierno a no pagarla ni solicitar nuevos desembolsos de este crédito.
- Iniciar un juicio político contra el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega.
En síntesis, no cumplir con los acuerdos y no pagar el crédito total de 4,000 millones de dólares, cuyo desembolso está programado hasta 2028.
Para su aprobación, se necesitan 70 votos, y hasta el momento, la Revolución Ciudadana (RC) y Pachakutik han manifestado su apoyo, sumando 54 votos en conjunto. Franklin Samaniego, de la RC, afirmó que este acuerdo compromete la soberanía del Estado.
Aunque el documento obtenga respaldo mayoritario, carecería de validez jurídica, ya que en 2019, la Corte Constitucional determinó que el acuerdo no puede ser impugnado.
Francisco Rivadeneira, exrepresentante de Ecuador ante el FMI, advirtió que este tipo de acciones perjudican la imagen del país y afectan su reputación en los mercados internacionales.
Esta situación refleja la frágil condición económica de Ecuador, que ha dependido históricamente de préstamos para sostener su economía. Las decisiones políticas que buscan ignorar las leyes económicas y el contexto global han llevado al país a situaciones recurrentes de endeudamiento, limitando su capacidad para mejorar su estabilidad financiera a largo plazo.