El presidente Daniel Noboa ha propuesto reformar la Constitución para permitir la presencia de bases militares extranjeras en Ecuador, lo que ha generado una fuerte oposición entre organizaciones de Derechos Humanos. Estas entidades sostienen que, lejos de ser una solución, la presencia de bases extranjeras en el pasado no tuvo impactos económicos positivos ni ayudó al control del narcotráfico, como ocurrió con la base estadounidense en Manta, que operó hasta 2009.
Saavedra, quien investigó los efectos de esa base militar, afirma que fue ineficaz en el combate al narcotráfico, a pesar de haber incautado grandes cantidades de cocaína. Sin embargo, tras una investigación, se descubrió que los resultados atribuidos a Manta en realidad se distribuían entre otras dos bases en Curazao y Aruba. Además, el gobierno de Estados Unidos reconoció problemas en la eficacia de la base, lo que alimentó las críticas de organizaciones locales.
Otro defensor de los Derechos Humanos, Billy Navarrete, coincide con Saavedra y destaca que la base de Manta vulneró derechos, especialmente de los pescadores artesanales. Según Navarrete, las operaciones estadounidenses hundían embarcaciones sin pruebas suficientes, lo que trajo una crisis humanitaria. Ambos defensores creen que el anuncio de Noboa sobre el regreso de las bases puede ser una estrategia electoral, que minimiza las críticas. Para ellos, la solución no está en bases extranjeras, sino en fortalecer la inteligencia y la presencia del Estado en las comunidades.
Por otro lado, expertos en seguridad como Mario Pazmiño apoyan la idea de Noboa, argumentando que Ecuador podría beneficiarse de la tecnología y el apoyo logístico que una base militar extranjera proporcionaría. Pazmiño sostiene que la base de Manta fue una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado.
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