La idea de cambiar la actual Constitución de Ecuador, por medio de una Asamblea Constituyente, ronda en la actual contienda electoral. Esto implica un proceso largo que resultaría inoportuno para el país, según expertos.
La última Asamblea Constituyente que hubo en Ecuador fue en 2007, planteada por el expresidente Rafael Correa, y dio paso a una nueva Constitución de la República o Carta Magna en 2008. Es la actual norma jurídica suprema del país, que reemplazó a la de 1998. El proceso electoral en curso no ha estado exento de manifestaciones ligadas a la idea de convocar a una Asamblea Constituyente, por parte de algunos postulantes a la Presidencia y sus seguidores.
¿Qué es una Asamblea Constituyente?
Existen tres mecanismos constitucionales para modificar la Constitución: la enmienda, la reforma parcial y la Asamblea Constituyente. Esta última implica un cambio más integral porque busca modificar todo, tanto la parte dogmática como orgánica, refiere la constitucionalista Ximena Ron Erráez.
El artículo 444 de la actual Constitución establece que la Asamblea Constituyente sólo podrá ser convocada a través de una consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por el Presidente de la República, por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral, es decir, una iniciativa ciudadana.
Ron explica el procedimiento que conlleva aplicar el mecanismo de la Asamblea Constituyente. El pedido de la consulta debe ser enviado a la Corte Constitucional para que avale si la Asamblea Constituyente es o no la vía para los cambios que se plantean. Con ese dictamen de vía, la iniciativa se traslada al Consejo Nacional Electoral para que llame a referéndum y se consulte al país si está o no de acuerdo con que se realice una Asamblea Constituyente.
Si la ciudadanía se pronuncia de forma positiva, se organiza un proceso electoral para elegir por voto popular a los asambleístas constituyentes. Serán quienes redacten la nueva Constitución. Luego, se debe realizar un referéndum para aprobar el nuevo texto.
Mientras esté en funciones la Constituyente, el presidente de la República gobierna “con muchísimo más poder porque no tiene una Asamblea Nacional”. Los Decretos Ejecutivos deben pasar por el análisis de la Corte Constitucional. Según Ron, otro riesgo es que entre los cambios constitucionales se extienda la reelección para un mandatario. Actualmente, un presidente puede ser reelegido por una vez.
¿Es momento de una Asamblea Constituyente?
“No creo que sea el momento. Primero porque es un proceso complejo y extremadamente costoso. Tenemos que llamar a las urnas en tres ocasiones a la población. En términos económicos, cuesta demasiado”, señala la constitucionalista. Cree que no hay justificación para una Constituyente y que las cuestiones que no han funcionado bien se pueden cambiar mediante reforma parcial. Es decir, hacer cambios específicos a la Carta Magna.
En época electoral, hablar de una Constituyente para solucionar la realidad del país “termina siendo una propuesta de corte populista, absolutamente demagógica», para Ron. La experta dice que no es verdad que las crisis que atraviesa el país se deba al marco constitucional actual.
Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de 2007, señala que, si el nuevo presidente de la República, que resulte de las elecciones 2025, plantea una Constituyente, se debe observar para quién resulta positivo. “Hay que ver quién la está impulsando. ¿Cuáles son los intereses, por qué una nueva Constitución? La actual nunca fue aceptada por los grupos de élite, las oligarquías, porque sus privilegios están en grave riesgo”, apunta al mencionar que la Carta Magna fue hecha para “gobernantes democráticos”.
Acosta sospecha que, si hay algún interés en cambiar la Constitución, sería para consolidar más el poder personal de un gobernante. “Yo no creo que sea necesaria una nueva Constitución para que volvamos a lo que teníamos anteriormente. Si vamos a una nueva Constitución es para ampliar derechos”, sostiene.
Cristian Carpio, docente de Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas, considera que la actual Constitución tiene problemas estructurales. Pero estima que el país necesita seguridad jurídica, estabilidad, confianza y reactivación del sector productivo. Una Constituyente traería “incertidumbre, mayor inestabilidad y complicaría la situación política del país. Tendría un efecto contrario a solucionar las principales necesidades del país”, advierte.
Ve “inoportuno” aplicar una Constituyente y “peligroso porque sería aprovechado por grupos políticos que operan al margen de la ley”. Habla de la penetración del narcotráfico en organizaciones políticas: “Quien quita que puedan tener una influencia importante de una eventual nueva Constitución, es complejo”.
Fuente: Diario La Hora