El presidente y candidato, Daniel Noboa, mantiene su postura de no solicitar licencia pese a que el Código de la Democracia establece que es obligatorio hacerlo durante el periodo de campaña.
Voceros del régimen han indicado que el mandatario podría decidir más adelante acogerse a esta disposición, pero, por el momento, continuará ejerciendo sus funciones como presidente. Pese a que la normativa prohíbe a los candidatos participar en actos financiados con recursos públicos.
La decisión de Noboa de no solicitar licencia incumple con el artículo 93 del Código de la Democracia que obliga a los dignatarios de elección popular que aspiren al mismo cargo a tomar licencia sin sueldo durante la campaña, la cual abarca del 5 de enero al 9 de febrero.
No obstante, el ministro de Gobierno, José De la Gasca, sostiene que esta disposición no es obligatoria para el presidente, aunque también afirma que Noboa podría acogerse a la licencia en cualquier momento.
Mientras tanto, las actividades presidenciales de mandatario-candidato continúan. Recientemente, apareció en el Palacio de Gobierno ante un grupo de manifestantes. Según De la Gasca, no se trató de un acto proselitista, sino de un simple saludo.
Desde Carondelet también defienden otras actividades oficiales, como un evento con beneficiarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que se realizó hoy en Quito, alegando que forman parte de las funciones del mandatario.
Sin embargo, el artículo 207 del Código de la Democracia prohíbe a los candidatos participar en inauguraciones de obras u otros eventos financiados con recursos públicos desde la inscripción de su candidatura.
Pese a ello, el presidente ha estado presente en numerosos actos oficiales en las últimas semanas. Lo que sugiere una posible infracción electoral. El organismo que debe determinar si existe una infracción es el Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras que una eventual sanción sería responsabilidad del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Además, el uso de recursos públicos en campañas electorales podría configurar un delito de peculado. Sin embargo, no está claro si la Contraloría General del Estado (CGE) está monitoreando estas actividades.
Otra acción que llama la atención es el nombramiento de una tercera vicepresidenta, cuyo mandato finalizará el 22 de enero, apenas 15 días antes del cierre de la campaña. Las razones de este plazo no han sido esclarecidas.
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