La Corte Constitucional, declaró una acción extraordinaria de protección que la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) interpuso para impugnar sentencias de primera y segunda instancia que reconocían derechos colectivos a servidores públicos que no les correspondía beneficiarse de un contrato colectivo.
En concreto, los fallos de instancias previas dieron paso a que la Corporación tenga que pagar más de $ 79 millones a los trabajadores, quienes que ahora están obligados a devolver el dinero que han recibido hasta el momento.
Karla Andrade, es la jueza que en la Corte Constitucional que fue emitida el 14 de febrero, en el dictamen dispone que la CNEL debe recuperar la totalidad de los valores pagados a los beneficiarios de las sentencias que fueron dejadas sin efecto.
Por lo tanto, la jueza constitucional encontró que se dio paso al cambio de régimen laboral de 1.795 servidores de la CNEL al régimen del Código de Trabajo, lo que “acarrea implicaciones económicas y jurídicas incuantificables” para la entidad.
“Las medidas de reparación ordenadas en las sentencias impugnadas y el auto mencionado afectaron y perjudicaron gravemente a la entidad accionante y al Estado”, concluyó la jueza constitucional, el dictamen fue aprobado por unanimidad.