La Corte Constitucional (CC) ha revocado dos sentencias anteriores que beneficiaban a 96 trabajadores de Petroecuador, exigiendo la devolución de 15 millones de dólares a la empresa estatal y solicitando una investigación sobre la actuación de los jueces involucrados en el caso.
La decisión de la CC se basa en la aceptación de una acción de protección presentada por Petroecuador el 21 de noviembre de 2024.
El origen del caso se remonta a demandas presentadas por 96 personas que prestaron servicios en Petroecuador, quienes alegaban que la empresa vulneró sus derechos al no contratarlos como «servidores públicos regulares».
Entre 2022 y 2023, jueces de primera y segunda instancia fallaron a favor de los trabajadores, ordenando el pago de 30 millones de dólares. Petroecuador pagó la mitad de esta suma, 15 millones de dólares, en enero de 2023.
En julio del mismo año, la empresa estatal presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, que fue aceptada en noviembre de 2024.
La sentencia de la Corte Constitucional dictamina que los 96 demandantes deben restituir los 15 millones de dólares pagados en un plazo de tres meses. En caso de incumplimiento, Petroecuador deberá recuperar la totalidad de los valores mediante acciones administrativas y judiciales.
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha solicitado al Consejo de la Judicatura y a la Fiscalía que investiguen y tomen acciones contra los jueces que intervinieron en este caso.