La administración Trump ordenó oficialmente a Chevron que cerrara sus operaciones en Venezuela, otorgándole a la compañía solo 30 días para equilibrar sus finanzas y retirarse de la nación caribeña. La decisión marcó una escalada significativa en las sanciones estadounidenses contra el gobierno de Nicolás Maduro, cortando la última gran compañía petrolera estadounidense que aún operaba en el país. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos se negó a renovar la licencia de Chevron, lo que la obligó a cortar los lazos con PDVSA, la compañía petrolera estatal de Venezuela.
Chevron había sido una de las pocas empresas occidentales que mantenían presencia en Venezuela a pesar de las sanciones anteriores, operando bajo exenciones especiales que le permitían administrar empresas conjuntas en el sector petrolero. Sin embargo, los funcionarios de la administración Trump argumentaron que continuar con los negocios estadounidenses en el país apoyaba indirectamente al régimen de Maduro. Al poner fin a las operaciones de Chevron, Washington pretendía aumentar la presión económica y aislar aún más al gobierno venezolano.
Los expertos de la industria advirtieron que la retirada abrupta podría tener graves consecuencias para el ya atribulado sector petrolero de Venezuela, lo que podría llevar a una caída en la producción y a la pérdida de empleos para los trabajadores locales. Los analistas también señalaron que la medida podría fortalecer la influencia de las empresas energéticas rusas y chinas, que han aumentado sus participaciones en la industria petrolera del país. Mientras tanto, los funcionarios venezolanos condenaron la decisión, calificándola de acto de agresión económica diseñado para desestabilizar la nación.
A medida que se acercaba el plazo de 30 días, los ejecutivos de Chevron se apresuraron a gestionar las obligaciones financieras y reducir las operaciones. La compañía expresó su preocupación por el impacto a largo plazo de salir de Venezuela, en particular con respecto a la posible dificultad de volver a ingresar al mercado si las condiciones políticas cambiaban en el futuro. Sin embargo, la administración Trump defendió la decisión como un paso necesario para debilitar el control de Maduro sobre el poder y evitar que las empresas estadounidenses sostengan indirectamente a su gobierno.