La controversia sobre la adjudicación del campo petrolero Sacha escaló a los tribunales el 6 de marzo de 2025, con denuncias penales del correísmo y una acción de protección de la Unión Nacional de Educadores (UNE).
La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) acudió a la Fiscalía General del Estado para denunciar el presunto delito de tráfico de influencias y peculado en la delegación de la explotación del campo petrolero.
La asambleísta Sofía Espín, acompañada de miembros del partido, afirmó que el gobierno pretende concesionar Sacha a una empresa privada, dándole el 87,5% del petróleo y dejando solo el 12,5% para el Estado ecuatoriano.
Según el correísmo, Petroecuador actualmente entrega el 100% del crudo de Sacha al país.
Espín denunció que el gobierno estaría utilizando el acuerdo ministerial 040, que se contrapone a la Ley de Hidrocarburos y no permite la concesión de campos en producción.
El Ejecutivo asegura que no se trata de una privatización, sino de una delegación aún no oficializada con la firma del acuerdo.
El presidente Noboa advirtió que si el consorcio Sinopetrol no entrega la prima de USD 1.500 millones por Sacha antes del 11 de marzo, buscará otras opciones.
La denuncia correísta se dirige contra el presidente Noboa, la ministra de Energía Inés Manzano y el consorcio extranjero interesado en Sacha.
La Unión Nacional de Educadores también llegó a la Unidad Judicial de la Familia para presentar una acción de protección contra la adjudicación de Sacha.
La UNE argumenta que la adjudicación se basa en un delito de «falsificación ideológica» cometido por la ministra Inés Manzano.
El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, explicó que el acuerdo ministerial 040 se elaboró el 26 de noviembre de 2024, pero el informe que lo sustenta es del 27 de noviembre.