El juez Guillermo Ortega Caicedo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratifica la suspensión de los derechos políticos de la vicepresidenta ecuatoriana Verónica Abad, lo que marca un avance en el panorama político del país. El fallo confirma decisiones anteriores que inhabilitan a Abad para ejercer o postularse a cargos públicos, tras acusaciones de violaciones electorales. Esta decisión refuerza el escrutinio legal que rodea a la vicepresidenta y complica aún más su futuro político.
El caso contra Abad se deriva de acusaciones de mala conducta durante procesos electorales pasados, y los fiscales argumentan que ella incumplió las normas que rigen las campañas políticas. El TCE, después de revisar las pruebas y los argumentos legales, concluye que la suspensión está justificada y se ajusta a la ley ecuatoriana. A pesar de los intentos del equipo legal de Abad de impugnar el fallo, el tribunal afirma que se ha seguido el debido proceso, desestimando las acusaciones de parcialidad judicial o persecución política.
Verónica Abad condena enérgicamente el fallo, calificándolo como un ataque a la democracia y un intento de debilitar a las fuerzas de oposición en Ecuador. Abad insiste en que su suspensión tiene motivaciones políticas y promete elevar el caso a organizaciones internacionales de derechos humanos. Sus representantes legales anuncian planes de apelar la decisión, argumentando que el fallo viola sus derechos constitucionales y socava los principios democráticos.
El veredicto desencadena reacciones inmediatas en todo el espectro político de Ecuador, con funcionarios del gobierno, líderes de la oposición y expertos legales que evalúan las implicaciones. Los partidarios de Abad denuncian el fallo como una medida arbitraria para silenciar la disidencia, mientras que los críticos argumentan que la decisión defiende la integridad electoral. A medida que aumentan las tensiones, la suspensión de los derechos políticos de la vicepresidenta agrega más incertidumbre al ya volátil entorno político del país.