El ministro del Interior, John Reimberg, denunció que las compañías telefónicas habían restablecido la señal de telefonía celular e internet en la Penitenciaría del Litoral pocos días después de acatar la orden gubernamental de cortarla, argumentando que estaban perdiendo clientes, una situación que consideró inaceptable dada la condición de zona de seguridad del centro.
Reimberg enfatizó que, a pesar de las reiteradas instrucciones del gobierno, las compañías reactivaron el servicio a los dos días de la desconexión, lo que socavó los esfuerzos del estado para controlar las comunicaciones dentro del penal, que ha sido un foco de actividad del crimen organizado y operaciones ilícitas.
Aseguró que el gobierno aplicará la medida rigurosamente, advirtiendo que las autoridades de seguridad tienen pleno control sobre el penal y tomarán las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento, ya que restricciones similares ya se han implementado con éxito en otras prisiones del país.
El ministro cuestionó la postura de las empresas de telecomunicaciones, criticando su priorización de los intereses comerciales sobre la seguridad nacional y las instó a asumir su responsabilidad para evitar que las redes criminales coordinen actividades ilegales desde el interior del penal.
A medida que la controversia se intensificaba, Reimberg anunció planes para exigir a los operadores móviles que cortaran permanentemente el acceso a la Penitenciaría del Litoral, enfatizando que de no hacerlo, se implementarían medidas gubernamentales más estrictas para prevenir nuevas violaciones de los protocolos de seguridad.