Inés Manzano, ministra de Energía y Minas de Ecuador, se enfrentará a un proceso de destitución en la Asamblea Nacional. La moción surge tras las acusaciones de la asambleísta Gissela Molina, quien ha presentado denuncias contra Manzano y otros exministros de energía por presuntos delitos, como peculado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. El caso se basa en presuntas irregularidades en la gestión de la crisis energética que afectó gravemente al país en 2024.
Manzano asumió el cargo de ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica en agosto de 2024 y, en octubre, también fue designada para dirigir el Ministerio de Energía y Minas en medio de una crisis energética nacional. Su mandato se centró en abordar los cortes de energía generalizados que duraban hasta 14 horas diarias y en negociar la importación de electricidad para estabilizar la situación. Sin embargo, los legisladores de la oposición argumentan que sus políticas no lograron resolver la crisis de manera efectiva.
Durante su administración, Manzano también tuvo que lidiar con problemas legales relacionados con la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). En marzo de 2025, implementó medidas tras una sentencia de la Corte Constitucional que exigía a la CNEL el reembolso de 78,9 millones de dólares en prestaciones laborales mal asignadas. Su respuesta incluyó la formación de una comisión técnica para revisar los plazos y proponer un nuevo plan de carrera para los empleados de la CNEL.
Para agravar la controversia, en marzo de 2025, Manzano denunció un presunto sabotaje tras la rotura de un oleoducto que provocó un derrame de 3.800 barriles de crudo, afectando a más de 500.000 habitantes de la provincia de Esmeraldas. Sus acusaciones de daño intencional generaron debate e intensificaron el escrutinio sobre su labor como ministra.
A principios de marzo de 2025, la ministra de Energía y Minas de Ecuador, Inés Manzano, anunció la asignación directa de la operación del campo petrolífero Sacha al consorcio internacional Sinopetrol, integrado por filiales de la china Sinopec y la canadiense New Stratus Energy. Manzano justificó esta decisión destacando el compromiso del consorcio de pagar un anticipo de 1.500 millones de dólares, lo que, según afirmó, proporcionaría recursos inmediatos y sin deuda para abordar programas sociales y emergencias causadas por las fuertes lluvias que afectaron a varias provincias.
Enfatizó que este acuerdo no constituye una privatización, afirmando que la propiedad estatal de los recursos hidrocarburíferos se mantiene intacta, y que la delegación busca mejorar la eficiencia y aumentar la producción en un 40 % sin inversión estatal. A pesar de estas garantías, la Asamblea Nacional expresó su firme oposición, rechazando lo que calificó de transferencia arbitraria del campo Sacha y advirtiendo de una posible pérdida económica de 8.000 millones de dólares.
En respuesta, Manzano instó a los legisladores a revisar la Ley de Hidrocarburos y su reglamento, aclarando que el contrato aún no se ha firmado y que cualquier eventual acuerdo priorizará los intereses nacionales, la producción y la inversión social.
El proceso de destitución contra Inés Manzano pone de relieve la creciente presión política que rodea al sector energético ecuatoriano. La Asamblea Nacional evaluará ahora las pruebas presentadas para determinar su responsabilidad en las acusaciones, mientras el país continúa lidiando con desafíos energéticos y ambientales.