Un debate político se desata en Ecuador cuando la asambleísta Ana Galarza acusa a la familia presidencial de orquestar un acuerdo secreto para tomar el control del campo petrolero Sacha. En una serie de publicaciones polémicas en redes sociales, Galarza afirma que el gobierno está impulsando una concesión que entregaría el 87,5% de los ingresos de Sacha a un consorcio privado vinculado a la familia del presidente, dejando al Estado solo con el 12,5%. Denuncia la medida como un flagrante acto de corrupción, comparándola con controvertidas privatizaciones previas como PROGEN.
Las acusaciones, publicadas en X y que están cobrando gran repercusión, provocaron una reacción inmediata de líderes de la oposición y grupos de la sociedad civil. Los críticos argumentan que la venta de Sacha, una de las reservas petroleras más valiosas de Ecuador, es un intento de despojar al país de sus recursos con el pretexto de la inversión extranjera. Legisladores de varios partidos exigen una investigación urgente del Congreso, mientras las protestas públicas comienzan a movilizarse en Quito y otras ciudades importantes, pidiendo transparencia y rendición de cuentas.
El gobierno desestima rápidamente las acusaciones, calificándolas de «falsas y engañosas», y afirma que no existen irregularidades en la gestión de Sacha. Desde el Gobierno se insiste en que cualquier nuevo contrato se ajustaría a los marcos legales y beneficiaría a la economía del país. Sin embargo, las sospechas aumentan a medida que periodistas de investigación examinan los registros corporativos y los vínculos políticos entre la administración y actores del sector energético.
Los economistas advierten que la controversia podría desestabilizar la ya frágil situación financiera de Ecuador. Dado que los ingresos petroleros desempeñan un papel importante en la financiación de los servicios públicos y el pago de la deuda externa, la incertidumbre en torno al control de Sacha conmociona a los inversores. Algunos analistas temen que, si las acusaciones son fundadas, Ecuador podría enfrentarse al escrutinio internacional y a posibles batallas legales por sus políticas de gestión de recursos. Mientras tanto, los grupos indígenas del país, históricamente opuestos a la explotación petrolera, se preparan para tomar posición, lo que complica aún más la postura del gobierno.
Ante la escalada de tensiones, la asambleísta Galarza destacaría pruebas formales ante la Asamblea Nacional y organismos internacionales de control, insistiendo en que los ecuatorianos deben conocer la verdad. El gobierno, bajo creciente presión, podría verse obligado a publicar documentos oficiales para refutar las acusaciones. Con el creciente interés político y la frustración pública, el país se prepara para lo que podría convertirse en uno de los escándalos de corrupción más graves de la historia reciente.