Ecuador enfrenta una crisis alarmante: los homicidios se han convertido en la principal causa de muerte entre niños, niñas y adolescentes del país. Datos recientes revelan que, entre 2019 y 2023, el número de homicidios de menores de edad aumentó un 640%, totalizando al menos 770 muertes en 2023.
El aumento de la violencia está intrínsecamente vinculado a la expansión del crimen organizado y al reclutamiento forzado de jóvenes por parte de las pandillas. Se estima que seis de cada diez integrantes de grupos criminales en Ecuador son menores de 19 años. Además, las escuelas y los hospitales, antes considerados refugios seguros, se han convertido en blancos frecuentes de ataques y extorsión, lo que agrava el clima de inseguridad.
Unicef advierte del impacto devastador que tiene esta violencia sobre la infancia ecuatoriana, destacando que cientos de miles de niños se ven privados del acceso a servicios esenciales, como la salud y la educación. La organización también destaca el aumento del 800% en las muertes violentas de menores entre 2021 y 2023, con 387 muertes registradas solo en los primeros nueve meses de 2024.
En respuesta a la crisis, el gobierno ecuatoriano lanzó una Estrategia Nacional para la Prevención de la Violencia contra Menores, en alianza con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La iniciativa busca garantizar que los niños crezcan en entornos seguros y libres de violencia e incluye medidas como aumentar el presupuesto para programas sociales dirigidos a la infancia.
Pese a los esfuerzos, la situación sigue siendo crítica, con recientes reportes de ejecuciones de menores, como el caso de cuatro niños en Guayaquil, cuyas muertes conmocionaron al país y llevaron a la detención de 16 militares involucrados. La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos están presionando para que se tomen acciones más efectivas para proteger a la juventud ecuatoriana y restablecer la seguridad en el país.