En la madrugada de este miércoles 28 de mayo del 2025, la sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), ubicada en Sucúa, provincia de Morona Santiago, fue violentamente invadida por un contingente de la Policía Nacional del Ecuador, sin presentar orden judicial. El operativo, denunciado como ilegal por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), resultó en el desalojo de Domingo Ankuash, presidente legítimamente reconocido de la FICSH, junto con su equipo directivo, en clara violación de las decisiones constitucionales que respaldan su liderazgo.
La acción, llevada a cabo con el apoyo manifiesto de agentes armados de los grupos especiales GIR y GOE, se considera parte de una estrategia del gobierno de Daniel Noboa para desmantelar la resistencia indígena a los proyectos extractivos en la Amazonía ecuatoriana. La CONAIE denuncia que la intervención fue coordinada en alianza con la minera canadiense Lowell-Solaris, que opera en la Cordillera del Cóndor, una región de interés estratégico para proyectos como Warintza y el Proyecto Cóndor, este último vinculado al grupo Novis, propiedad de un familiar del presidente.
Según el Consejo Directivo de la CONAIE, la acción constituye un grave atentado contra el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y representa una violación de los derechos colectivos protegidos por la Constitución del Ecuador y los tratados internacionales. La entidad denuncia que el ataque no es un caso aislado, sino parte de una política estatal deliberada para dividir, controlar y cooptar a las organizaciones indígenas que se oponen a la entrega de sus territorios a intereses empresariales mineros.
David Tankamash, expresidente de la FICSH, quien fue destituido en 2024 por pignorar tierras indígenas a empresas extranjeras, es identificado como beneficiario directo de la operación. Según videos y testimonios del lugar de los hechos, la policía intenta justificar la acción alegando el cumplimiento de una supuesta «orden judicial indígena», sin presentar documentación alguna.
La CONAIE afirma que Tankamash actúa como aliado político del gobierno actual e irrespeta la voluntad legítima de las comunidades que lo destituyeron. La CONAIE responsabiliza directamente al gobierno nacional de cualquier conflicto o violencia que pueda surgir como resultado de esta intervención forzada. En su comunicado oficial, la organización llama a todo el movimiento indígena a mantener la unidad y la resistencia ante cualquier intento de infiltración, represión o cooptación, reafirmando su compromiso con la defensa de la dignidad, los territorios y los principios ancestrales de los pueblos del Ecuador.
El episodio, que ya está teniendo repercusión nacional e internacional, intensifica las tensiones entre el gobierno de Noboa y las organizaciones indígenas del país, en un momento crítico para los derechos humanos y ambientales en la Amazonía ecuatoriana. Líderes de diversos sectores sociales comienzan a pronunciarse en solidaridad con la FICSH y en repudio a la escalada de represión asociada al avance de proyectos extractivos sobre territorios ancestrales.