El gobierno del presidente Daniel Noboa confirmó este miércoles el cierre definitivo de los programas “Jóvenes en Acción” y «Ecuatorianos en Acción», iniciativas lanzadas como proyectos piloto para promover la inclusión socioeconómica de jóvenes que viven en condiciones de extrema pobreza . La decisión, anunciada por el ministro del MIES, Harold Burbano, se produce en medio de protestas en Guayaquil, donde cientos de participantes denuncian el impago de los salarios prometidos.
Según el gobierno, los programas permitieron evaluar el impacto de las transferencias condicionales temporales, y los datos obtenidos servirán de base para diseñar una nueva política pública con mayor alcance y financiamiento sostenible. Sin embargo, la justificación no tranquiliza a los jóvenes que afirman haber trabajado en actividades comunitarias y ambientales sin recibir los 400 dólares mensuales garantizados en el contrato.
El programa “Jóvenes en Acción”, que comenzó en noviembre de 2024, preveía el pago de tres cuotas mensuales a los participantes a cambio de tareas como reforestación, limpieza de playas y restauración de espacios públicos. La joven Avelyn Quinde afirma haber completado todas las actividades asignadas, pero aún no ha recibido un solo centavo: “Plantamos árboles, limpiamos basura, nos ensuciamos con barro para hacer lo que nos pidieron. Hoy nos dicen que el programa terminó y seguimos esperando nuestro salario”.
Casos como el de Evelyn Guaño, madre soltera de dos hijas, reflejan el impacto humano del abrupto fin de los proyectos. “Acepté este trabajo porque necesitaba alimentar a mis hijas. Hice mi parte, pero el Estado no hizo la suya. Es repugnante”, dice la joven, quien forma parte de uno de los grupos que marchan hoy por las calles del centro de Guayaquil exigiendo una respuesta del gobierno.
En total, alrededor de 200.000 personas se han beneficiado temporalmente de ambas iniciativas. El Ministerio de Inclusión Económica y Social afirma que los programas han cumplido su propósito como experimentos de evaluación y que la nueva propuesta aportará mecanismos de gestión y transparencia más sólidos. Sin embargo, no se ha anunciado una fecha concreta para el pago de las deudas pendientes a los participantes actuales.
Mientras tanto, el ambiente en las calles es de indignación y frustración. Los jóvenes protestan no solo por el retraso en el pago de sus salarios, sino también por la sensación de abandono y desconfianza del Estado.