Cientos de pacientes renales de varias provincias de Ecuador se congregan frente al Complejo Judicial Norte de Quito, exigiendo una respuesta inmediata del Estado. La protesta se produce mientras el tribunal analiza una acción de amparo interpuesta por los afectados, quienes alegan la vulneración de su derecho a la salud debido a la grave deuda acumulada por el gobierno con clínicas privadas de diálisis.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tienen una deuda conjunta de aproximadamente 200 millones de dólares con centros especializados que prestan servicios de hemodiálisis en el país. Según los pacientes, este retraso ha provocado la suspensión o reducción de los tratamientos, poniendo en riesgo la vida de más de 10.000 personas que dependen de la diálisis para sobrevivir.
La crisis se ha agravado en los últimos meses, con clínicas que amenazan con cerrar por falta de recursos para operar, comprar insumos y pagar al personal. “Sin los pagos, no podemos seguir atendiendo a los pacientes. Estamos haciendo todo lo posible para evitar el cierre”, afirma un representante de la asociación de clínicas. Los pacientes reportan citas canceladas, tiempos de espera más largos e incluso falta de medicamentos.
Entre los manifestantes se encuentran personas mayores, jóvenes y madres que denuncian el sufrimiento causado por la negligencia del gobierno. Algunos llevan carteles con mensajes como “La diálisis no puede esperar” y “Sin tratamiento, morimos”. Muchos de ellos asisten a la audiencia judicial con la esperanza de que la medida obligue al gobierno a actuar de inmediato.
Las autoridades sanitarias aún no se han pronunciado públicamente sobre la presión generada por las protestas. Mientras tanto, los abogados de los pacientes solicitan al tribunal que reconozca el riesgo inminente para la vida de los pacientes renales y que ordene medidas urgentes para garantizar la continuidad de los servicios médicos esenciales.
La movilización de este jueves refuerza la advertencia sobre el colapso de los sectores de salud críticos en Ecuador. Para los pacientes renales, la espera no es solo un asunto burocrático, sino una cuestión de vida o muerte.