Cuatro contratos del sector eléctrico quedaron sin efecto debido a que los proveedores no presentaron las garantías requeridas para su ejecución. Estas adjudicaciones, anunciadas previamente por el Gobierno, buscaban sumar más de 600 megavatios al sistema energético nacional.
El plan del Gobierno Nacional, que contemplaba añadir 632,1 megavatios (MW) de generación térmica a la red eléctrica, sufrió un serio contratiempo. Los contratos, firmados el 15 de noviembre de 2024 por un valor total de USD 467,28 millones, no pudieron concretarse porque los adjudicatarios no cumplieron con las condiciones estipuladas en los pliegos, entre ellas la entrega de garantías técnicas y financieras.
Las compañías involucradas, incluyendo Worlding S.A., ZRO Base México y Power Tech Consortium, no cumplieron con lo establecido, lo que impidió avanzar en la adquisición y arrendamiento de equipos destinados a operar en localidades clave como Esmeraldas, Durán, Pascuales y Manta. Estas zonas son consideradas fundamentales para enfrentar el estiaje proyectado para el segundo semestre de 2025.
A este escenario se suma un conflicto con la empresa estadounidense Progen, la cual enfrenta la posible terminación unilateral de sus contratos en Quevedo y Salitral, suscritos en agosto de 2024 por un monto de USD 149,1 millones.
Progen ha advertido que, de concretarse la rescisión, acudirá a arbitraje internacional, alegando que ya entregó 17 de las 20 unidades comprometidas y que ha ejecutado el 130% del trabajo por el cual fue remunerada.
La cancelación de estos contratos, junto con las disputas legales en curso, pone en riesgo los planes del Ejecutivo de integrar 979 megavatios al sistema eléctrico en 2025, un objetivo crucial para evitar nuevos cortes de energía durante los meses de menor generación, en un país cuya matriz energética depende en más del 70% de fuentes hidroeléctricas.