La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó que más de 300.000 ecuatorianos se vieron desplazaron internamente por la violencia en los últimos dos años, lo que marca una crisis humanitaria sin precedentes en el país. El representante de ACNUR, Federico Agusti, destaca que Ecuador experimentó su año más violento en la historia en 2023, experimentó una ligera disminución en 2024, pero ahora enfrenta un aumento repentino en las tasas de homicidios en el primer semestre de 2025, lo que ha impulsado el desplazamiento de miles de personas.
La violencia proviene principalmente del crimen organizado, incluyendo el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y los secuestros, con redes criminales que luchan por el control territorial y generan más de $10 mil millones anuales. Provincias como Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Azuay y Guayas, y especialmente cantones como Guayaquil y Durán, emergen como epicentros del desplazamiento forzado debido a la guerra entre pandillas y los ataques coordinados.
Ecuador se ubica como el tercer país más afectado de América Latina, con 101.000 casos de desplazamiento interno solo en 2024, solo por detrás de Haití y Colombia, según el Consejo Noruego para los Refugiados. La declaración de un «conflicto armado interno» a principios de 2024 por el presidente Daniel Noboa movilizó a las fuerzas militares y policiales contra grupos criminales etiquetados como actores no estatales beligerantes.
Sin embargo, grupos de derechos humanos advierten que esta militarización carece de garantías legales y conlleva el riesgo de abusos, incluyendo desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. A medida que el desplazamiento altera la educación, los medios de vida y la cohesión comunitaria, los grupos vulnerables (mujeres, jóvenes y personas LGBTIQ+) enfrentan mayores amenazas.
ACNUR, UNICEF y ONG exigen una mayor protección, un mejor monitoreo y políticas públicas inclusivas para abordar tanto las necesidades inmediatas como la resiliencia a largo plazo. Ecuador enfrenta una emergencia social cada vez más profunda, arraigada en la violencia criminal. Con cientos de miles de personas desarraigadas, el país se encuentra en una encrucijada: reforzar la seguridad, respetando los derechos humanos, y brindar soluciones dignas a su población desplazada.