Julio José Neira, director de la Unidad de Análisis Financiero, se presentó ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea junto a representantes de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). Fue el primero en intervenir durante la sesión en la que se inició el trámite de la ley conocida como «transparencia social», la cuarta normativa urgente enviada por el presidente Daniel Noboa, destinada a regular el financiamiento y uso de fondos en organizaciones sociales.
Los integrantes de la Comisión intentaron evaluar si esta legislación podría ser efectiva para prevenir el lavado de activos. Neira no proporcionó estadísticas ni ejemplos concretos; en lugar de eso, puso énfasis en los beneficios que considera fundamentales. Según él, la ley permitirá un control más riguroso sobre fundaciones y entidades similares, facilitará la trazabilidad del origen de sus ingresos y promoverá una coordinación eficaz entre las instituciones responsables de combatir el lavado de activos.
Por otro lado, la bancada del correísmo, representada por la asambleísta Liliana Durán, del movimiento Revolución Ciudadana, manifestó su preocupación de que esta normativa pudiera utilizarse como un instrumento de control político, afectando la participación ciudadana. Durán advirtió que se trata de algo más que una simple modificación técnica: es un intento de controlar políticamente a las organizaciones sociales y criminalizar la participación. Neira rechazó esas críticas, explicando que la detección de actividades sospechosas se basa únicamente en irregularidades numéricas, sin ningún tipo de motivación ideológica.
Aunque la ley pretende regular de manera eficiente a las organizaciones del sector solidario, su implementación representa un desafío para la SEPS, que actualmente supervisa alrededor de 400 entidades financieras y unas 17 000 organizaciones populares. Freddy Monge, intendente técnico general de esa institución, indicó que con las nuevas competencias se proyecta supervisar aproximadamente 60 000 fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, además de más de 1 000 cajas de ahorro. Además, tanto la Unidad de Análisis Financiero como la SEPS advirtieron que uno de los mayores problemas será que, cuando se imponen sanciones, los recursos ya han sido transferidos a terceros, lo que hace muy difícil recuperarlos.