Tras la eliminación del subsidio al diésel, el presidente Daniel Noboa presentó un plan de compensaciones junto con su propuesta de convocar a una nueva Asamblea Constituyente.
En el marco de su intención de impulsar un referendo constitucional, Noboa retiró el subsidio al diésel y de inmediato planteó la conformación de una Asamblea Constituyente. Ambas iniciativas se encaminan hacia las urnas, mientras crece el malestar social en distintas provincias.
El oficialismo, sin embargo, confía en volver a recibir el respaldo ciudadano en las urnas, sobre todo tras la segunda victoria frente al correísmo en las presidenciales de 2025. Mientras tanto, el Ejecutivo resta importancia a las protestas dispersas, principalmente en Imbabura.
En esa provincia de la Sierra Norte, con cerca de 470.000 habitantes, los nuevos bonos ofrecidos por el Gobierno han tenido un alcance limitado. Hasta el 23 de septiembre, menos de 2.500 beneficiarios, entre agricultores y transportistas, accedieron a ellos. Situaciones similares se reportan en Cotopaxi y Carchi.
En Cotopaxi y Carchi también coincide que Noboa no obtuvo un amplio respaldo electoral en la primera vuelta de las presidenciales, donde alrededor del 62% de los votantes optaron por otros candidatos.
El mapa de beneficiarios refleja que la mayor parte de los bonos estatales se concentra en Guayas y Chimborazo, seguidas por Manabí, Bolívar, Los Ríos y Tungurahua. En todas, salvo Manabí y Los Ríos, el presidente tuvo un fuerte apoyo electoral. Pese a ello, el correísmo mantiene en Manabí un bastión estratégico.
La entrega de recursos públicos cerca de elecciones no es una práctica nueva. Menos de un año atrás, en plena campaña del primer trimestre de 2025, el Gobierno amplió el bono “jóvenes en acción”, creado dos meses después de la inscripción de la candidatura de Noboa a la reelección.
El Gobierno apuesta por contener el paro y llegar a elecciones
El presidente Noboa ha dirigido su discurso hacia la Conaie, asegurando que el “98% de la población no está de acuerdo con un paro nacional”. Además, al estilo del expresidente Rafael Correa, los desafió a participar en una elección con sus propias propuestas.
No obstante, el Gobierno ha buscado reducir e impedir la movilización popular, en especial en zonas con fuerte presencia indígena, tradicionalmente protagonistas de las protestas.
Además de lanzar un amplio plan de compensaciones para mitigar el impacto del alza del diésel, trasladó la sede de la Presidencia y Vicepresidencia a Latacunga y Otavalo, respectivamente; militarizó los focos de conflicto y decretó el estado de excepción en ocho provincias.
Estas compensaciones, que se entregan como bonos directos en efectivo, han motivado una masiva inscripción de ciudadanos, lo que refleja la crítica situación económica de numerosos hogares. Sin embargo, no todos cumplen los requisitos para recibirlos.
Los principales incentivos están dirigidos a dos sectores con capacidad de paralizar el país: los transportistas en todas sus modalidades y los agricultores, localizados en zonas rurales. Por su papel en la cadena productiva, resultan esenciales para la vida cotidiana del resto de la población.
Fuente: Cortesía