Las comunidades indígenas denuncian haber sufrido agresiones físicas y psicológicas y exigen la liberación de los detenidos durante las protestas en Imbabura.
En medio de la disputa por definir quién debe vigilar las acciones derivadas del paro convocado por la Conaie, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, dominada por el correísmo, comenzó el 30 de septiembre a escuchar los testimonios de los familiares de los arrestados en Otavalo, Imbabura.
La primera intervención estuvo a cargo de Soledad Perugachi, vocera de los 12 indígenas privados de la libertad en la protesta que ya lleva nueve días en el norte del país. «Solicitamos la libertad inmediata de nuestros compañeros que han sido reprimidos por participar en una lucha justa», expresó en quichua con ayuda de un traductor. «Somos indígenas milenarios, somos mindalaes, comerciantes, artesanos, somos artistas, pero no somos terroristas», añadió la dirigente otavaleña. Según ella, entre los detenidos hay albañiles, vendedores ambulantes y agricultores afectados por el alza del diésel tras la eliminación del subsidio.
Por su parte, Marlon Vargas, presidente de la Conaie, advirtió que algunos de los arrestados padecen epilepsia o requieren medicación constante, responsabilizando al gobierno por su estado de salud. En tanto, Blanca Chancoso, histórica dirigente indígena, defendió la protesta como consecuencia de la falta de diálogo del Ejecutivo frente al rechazo de las comunidades al incremento del diésel.
Martha Tuquerres, líder de organizaciones indígenas de Cotacachi, denunció que la represión también ha sido psicológica. «Hemos sido víctimas de terror psicológico: nos han cortado la luz, el teléfono, el internet y en esas circunstancias han entrado en carros militares a nuestras comunidades, sin respetar nuestra autodeterminación», señaló.
La comisión legislativa anunció que continuará con el proceso de fiscalización y llamará tanto a dirigentes sociales como a representantes del gobierno para que expliquen sus decisiones frente a la movilización. Además, no descartó acudir a instancias nacionales e internacionales para dar seguimiento a las denuncias de presuntas vulneraciones a los derechos humanos.
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