Las modificaciones a la Ley de Contratación Pública generaron críticas porque incorporan disposiciones que ya estaban contenidas en la Ley de Integridad Pública, la cual fue declarada inconstitucional.
Pocas horas después de que la Asamblea Nacional aprobara las reformas a la Ley Orgánica de Contratación Pública, la Presidencia remitió el documento al Registro Oficial, de modo que entraron en vigencia el 7 de octubre de 2025.
Varios de los artículos incluidos en este conjunto de cambios provienen de la Ley de Integridad Pública, que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional (CC) el 26 de septiembre, lo que provocó cuestionamientos durante el debate legislativo.
A pesar de las observaciones, el bloque oficialista consiguió la aprobación de la propuesta con 80 votos a favor, provenientes de la bancada de ADN, legisladores independientes y cuatro asambleístas de Pachakutik.
En el pleno, la legisladora Nathaly Farinango, ponente del informe, explicó que la iniciativa se trabajó desde enero de 2024 en “36 sesiones y 58 comisiones generales”. Según un comunicado de la Asamblea, esta propuesta representa una “reconfiguración integral del Sistema Nacional de Contratación Pública” e incorpora “varios avances”. Además, la asambleísta resaltó que uno de los objetivos es disminuir la discrecionalidad administrativa, entre otros puntos.
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