Las leyes económicas urgentes vuelven a perfilarse como la principal estrategia del gobierno de Daniel Noboa, mientras el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, no descarta abrir un acercamiento con la Corte Constitucional.
Ha pasado una semana desde la derrota del oficialismo en la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre, y la Asamblea Nacional aún analiza el papel que desempeñó en ese resultado adverso.
Aunque la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) sostiene que los comicios no se tratan de ganadores o perdedores, internamente se reconocen ajustes necesarios en la labor legislativa, sobre todo en la elaboración de leyes. El propio Olsen admitió que hubo errores en el trámite de las primeras normativas, en su mayoría de carácter económico urgente, lo que derivó en que la Corte Constitucional declarara inconstitucionales leyes como la de Solidaridad Nacional y la de Integridad Pública. Además, la Ley de Inteligencia permanece suspendida a la espera de un fallo definitivo.
Este escenario generó tensiones entre el Gobierno y la Asamblea, dominada por ADN, frente a la Corte Constitucional, llegando incluso a movilizaciones en Quito y Guayaquil y a la exposición pública de los jueces, acción que fue mal recibida por la ciudadanía.
El 17 de noviembre, Olsen, actuando más como vocero del oficialismo que como presidente del Legislativo, manifestó su disposición a abrir canales de diálogo con la Corte Constitucional, no solo en nombre de la Asamblea, sino como parte del proyecto político de Noboa. Reconoció que los primeros proyectos fueron declarados inconstitucionales, pero aseguró que en los últimos meses se ha mejorado la técnica legislativa.
No todos comparten esa postura conciliadora. Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, defendió el trabajo legislativo y cuestionó a los jueces constitucionales por desconocer las necesidades reales del país. Para ella, el revés electoral fue sorpresivo, pero el oficialismo ya piensa en nuevas leyes que sustituyan las propuestas rechazadas en la consulta, dado que no habrá una nueva Constitución y se seguirá trabajando con la Carta Política de 2008.
La jefa de bancada, Mishel Mancheno, señaló el 18 de noviembre que el voto por el “No” obliga a trabajar con las herramientas legales vigentes y replantear la estrategia. Recordó que la Asamblea tiene su propia agenda legislativa aprobada en julio, con cinco ejes: seguridad ciudadana, desarrollo social, desarrollo económico y productivo, infraestructura y medio ambiente, y eficiencia estatal con lucha contra la corrupción. Esa agenda contempla unos 50 proyectos de ley, en su mayoría reformas a normativas como el COIP, el Código del Trabajo, la Ley de Minería y el Código de la Función Judicial.
Alarcón precisó que la Comisión de Seguridad avanza en un proyecto sobre el sistema penitenciario, que incluye requisitos y capacitación para guías penitenciarios. Sobre la imposibilidad de instalar bases militares extranjeras, como planteaba el referéndum, consideró que se puede suplir con las relaciones internacionales que ha fortalecido Noboa.
Sin embargo, en ADN reconocen que estas reformas tomarán tiempo, entre seis meses y un año, para tramitarse por los canales regulares. Por ello, el gobierno de Noboa probablemente recurrirá nuevamente a las leyes económicas urgentes. Desde su posesión en mayo de 2025, ha enviado seis proyectos de este tipo, casi uno por mes, todos aprobados por la mayoría oficialista.
Dos de esas leyes la de Solidaridad Nacional y la de Integridad Pública fueron declaradas inconstitucionales por incluir disposiciones ajenas a lo económico. Otras tres Fortalecimiento de Áreas Protegidas, Transparencia Social y Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia enfrentan demandas de inconstitucionalidad pendientes de resolución. La única que no ha sido cuestionada es la Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aprobada el 23 de octubre con 82 votos y que ya cuenta con reglamento.