Qué significa que el riesgo país del Ecuador haya disminuido a la tercera parte, pero el 60% de la población no puede cubrir la canasta básica

La Canasta Básica Familiar expresa el conjunto mínimo de bienes y servicios que un hogar típico de cuatro personas requiere para vivir con dignidad en alimentación, vivienda, servicios básicos, transporte, educación, salud, vestimenta y otros gastos indispensables. Pero en Ecuador más del 60 por ciento de la población vive en hogares cuyos ingresos mensuales no cubren el costo de la canasta revelando una estructura de privación material con implicaciones claras y directas sobre su bienestar. Un porcentaje tan alto de hogares que no alcanza a pagar la canasta básica implica que se deben reducir consumos esenciales en alimentación, salud, educación y movilidad. También obliga a recurrir a endeudamiento permanente mediante créditos informales, tarjetas u otros mecanismos para cubrir gastos corrientes. Incrementa la sobrecarga de trabajo no remunerado dentro del hogar, especialmente de las mujeres, quienes compensan con tiempo y esfuerzo lo que no puede adquirirse en el mercado. Expone a los hogares a una vulnerabilidad constante donde cualquier shock, enfermedad, pérdida de empleo o aumento de precios los empuja a condiciones de pobreza abierta. Evidencia que los salarios y las condiciones laborales no garantizan un nivel de vida digno, incluso entre quienes trabajan. Revela altos niveles de informalidad, subempleo y jornadas extensas con ingresos bajos. Expone que el costo de vida avanza más rápido que los ingresos. Confirma una profunda desigualdad, con un quintil superior que concentra ingresos muy altos mientras la mayoría no cubre ni lo esencial. Reduce la demanda interna y frena el dinamismo económico porque la mayoría carece de capacidad de consumo suficiente. La gente vive en pobreza y en el atraso porque el modelo económico y laboral no garantiza derechos básicos ni condiciones de vida adecuadas. En este contexto, la cobertura de la Canasta Básica Familiar por quintiles de ingreso y por situación laboral es el indicador más sólido, directo y confiable del bienestar real de la población en Ecuador. Mide cuántos hogares logran cubrir el costo de la canasta según su posición en la distribución del ingreso. Permite observar diferencias claras entre un quintil superior que usualmente supera la cobertura de la canasta y tres quintiles que no lo logran, lo que revela magnitudes reales de pobreza, desigualdad y deterioro del nivel de vida. A diferencia de otros indicadores, esta medición relaciona directamente el costo de vida con los ingresos efectivos y muestra si la estructura económica permite o no satisfacer necesidades básicas. Por eso es el instrumento más preciso para evaluar bienestar material o pobreza en el país. Qué significa que el riesgo país del Ecuador haya disminuido mientras el 60 por ciento de la población no puede cubrir el costo mensual de la canasta básica. Significa que el país mejora su perfil financiero ante los acreedores a costa de deteriorar las condiciones de vida de la mayoría. El riesgo de impago baja porque el Estado recorta inversión pública, reduce servicios, subejecuta el presupuesto en salud, educación y obra pública y aumenta impuestos, tarifas y combustibles para asegurar recursos destinados al pago de la deuda. Ese ajuste traslada el riesgo y el costo desde los tenedores de bonos hacia la población, que experimenta el grave debilitamiento del Estado social y carece de ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas. También evidencia una contradicción entre dos lógicas. Para los mercados financieros el país parece menos riesgoso aunque esto se logre mediante austeridad extrema, recortes de inversión y sacrificio social. Para el desarrollo, la misma política implica desinvertir en capital humano, infraestructura y cohesión social, menor productividad futura y una estructura económica más frágil. El país se vuelve más seguro para el capital financiero externo mientras se vuelve más inseguro para su propia población que vive con empleo precario, ingresos insuficientes y servicios públicos colapsados. Las consecuencias son graves. A corto plazo se consolida la desigualdad y la mayoría continúa sin poder cubrir la canasta básica, mientras se normaliza que el costo del ajuste recaiga siempre en la población. A mediano plazo la caída de la inversión en salud y educación degrada el capital humano, la insuficiente obra pública deteriora la productividad y el crecimiento, y la contracción del gasto y de los ingresos reales debilita la demanda interna. A largo plazo esto se traduce en un país menos dinámico, con mayor informalidad, migración creciente, conflictividad social y debilitamiento de la legitimidad estatal. La gente vive en pobreza y en el atraso porque el modelo económico y laboral no garantiza derechos básicos ni condiciones de vida adecuadas. El atraso y la falta de conocimiento y educación agravan profundamente esta realidad, porque impiden que las personas desarrollen las capacidades necesarias para acceder a empleos dignos, mejorar su productividad y participar mejor en la vida económica y social. Un país donde grandes sectores de la población carecen de educación de calidad queda atrapado en un círculo vicioso de baja productividad, empleos informales y mal remunerados, escaso o ningún acceso a tecnología e innovación y una economía que no puede competir, lo que a su vez reproduce la pobreza. La falta de conocimientos reduce la capacidad de la población para adaptarse a los cambios del mercado laboral, limita la movilidad social, perpetúa su dependencia y resignación. En síntesis, la reducción del riesgo país financiero se ha logrado a costa de un fuerte aumento del riesgo social, político y de desarrollo del propio país, cuando lo necesario es alcanzarla mediante una economía vibrante, productiva y competitiva, capaz de atraer inversión y generar empleo adecuado y suficiente. Econ. Marco Flores T. Noviembre 28 de 2025 Fuente: INEC. Banco Mundial