Por: Marco Flores T.
Tal vez algunos comunicadores realmente lo desconozcan, pero no pocos analistas lo tienen claro. La evidencia empírica desmiente la narrativa del déficit manejable de la ministra de Economía y Finanzas del Ecuador, su minimización sistemática del problema fiscal y, sobre todo, de sus efectos sociales.
1. El déficit no es manejable cuando es estructural y creciente
Entre enero y octubre de 2025, el resultado global del PGE registra un déficit acumulado de USD 3.142 millones, equivalente al 2,3 % del PIB, frente a USD 913 millones (0,7 % del PIB) en el mismo período de 2024. El deterioro interanual asciende a USD 2.229 millones, es decir, un aumento del 244 %.
El deterioro fiscal no obedece a un shock transitorio, sino al crecimiento sostenido del gasto permanente y, en particular, de los intereses de la deuda pública, que registran un aumento interanual del 17 % y ya superan los USD 3.380 millones en el acumulado enero-octubre de 2025. Este comportamiento refleja una presión estructural sobre las finanzas públicas que no se corrige con ajustes contables de corto plazo.
En este contexto, calificar el déficit como manejable no constituye un diagnóstico técnico, sino la reducción de un problema estructural de sostenibilidad fiscal a una cifra aislada, ignorando la dinámica creciente del endeudamiento y sus efectos sobre el PGE.
2. El déficit no petrolero revela la verdadera fragilidad fiscal
El análisis del resultado no petrolero es aún más contundente. Entre enero y octubre de 2025, el déficit primario no petrolero alcanza USD 1.207 millones y, al incorporar intereses, el déficit global no petrolero se amplía a USD 4.588 millones, incluso al incluir los ingresos petroleros, el déficit global se mantiene en USD 3.323 millones.
Esto implica que el Estado no logra financiar su funcionamiento básico sin acudir a endeudamiento permanente y entonces no existe sostenibilidad fiscal posible si el equilibrio depende estructuralmente del crédito y no de una base productiva sólida.
3. Subejecución y parálisis del gasto social y territorial
La ejecución presupuestaria sectorial confirma que el ajuste no se concentra en privilegios ni en rentas altas, sino en la contención del gasto público efectivo. Persisten brechas significativas entre lo codificado, devengado y pagado, incluso en sectores esenciales como salud, educación, infraestructura, bienestar social y vivienda.
La subejecución también se traduce en incumplimientos con los GADs, afectando obra pública local, mantenimiento vial y servicios básicos. Se suman retrasos a proveedores, que asfixian financieramente a empresas, rompen cadenas productivas y destruyen empleo. Estos son resultados reales tras el déficit ‘manejable’.
4. El ingreso laboral muestra que el ajuste lo paga la mayoría
La narrativa oficial también omite referirse al ingreso efectivo de las personas. El INEC muestra que en octubre de 2025, la mediana del ingreso laboral total se ubica en USD 391, con una brecha marcada de USD 440 para hombres y USD 303 para mujeres.
Una mediana en torno a USD 391 implica que la mitad de las personas con empleo adecuado gana menos que ese valor. No existe estabilidad macroeconómica si la mayoría de la población no puede cubrir necesidades esenciales, independientemente de cómo se presenten los agregados fiscales.
5. Juventud excluida del empleo adecuado
El deterioro social es especialmente severo entre los jóvenes. En octubre de 2025, solo el 32,3 % de las personas entre 18 y 29 años tiene empleo adecuado. El 67,7 % de los jóvenes no accede a empleo pleno a nivel nacional. Hablar de un déficit manejable cuando dos tercios de una generación está excluida del empleo adecuado es una negación de la realidad social. Esta exclusión alimenta informalidad, migración, violencia y pérdida de capital humano, dejando sin apoyo cualquier perspectiva de crecimiento futuro.
6. El problema no es el déficit, es el modelo
El problema central no es el tamaño del déficit, sino el modelo económico que lo genera. Un esquema basado en ajuste contable permanente, priorización del pago de la deuda, subejecución del gasto productivo y deterioro de la circulación del dinero no solo es incapaz de reducir la pobreza y la desigualdad, sino que las profundiza y traslada sistemáticamente el costo del ajuste a la mayoría de la población.
El objetivo de la economía no es tranquilizar mercados ni cumplir metas formales, sino mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de las personas más necesitadas. Mientras la política económica siga protegiendo de facto al quintil más rico y trasladando el costo del ajuste a salarios, empleo y servicios públicos, la narrativa del déficit manejable solo será fiscalmente cómoda pero socialmente falsa.
Conclusión
Estos son algunos de los costos sociales tras de un déficit presentado como manejable pero que, en la práctica, destruye el multiplicador del gasto público al concentrar el ajuste en la contención del gasto productivo y, al mismo tiempo, consolida la caída del multiplicador del dinero (M1), reduciendo la velocidad de circulación monetaria y paralizando la economía real, con efectos directos sobre el empleo, los ingresos y el bienestar de la mayoría de la población.
El problema no es contable, ministra, sino estructural, y sus consecuencias recaen de manera desproporcionada sobre los hogares de menores ingresos y sobre una generación de jóvenes mayoritariamente excluida del mercado laboral.