El Consejo de la Judicatura (CJ) conoció este 22 de diciembre de 2025 los informes relacionados con la renuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano y sobre su seguridad personal. Sin embargo, el Pleno no emitió ninguna resolución, pese a la insistencia de los vocales en que el Ministerio del Interior responda por el retiro de la protección física del magistrado.
Durante la sesión, el presidente del CJ, Mario Godoy, anunció que solicitará licencia para defenderse en la Asamblea. El tema de la renuncia de Serrano, presentada el pasado 8 de diciembre tras recibir amenazas y presiones, fue incluido en el orden del día a pedido del vocal Alfredo Cuadros Añasco.
La asesoría jurídica y otras áreas del Consejo advirtieron que aceptar la dimisión podría tener repercusiones legales y hasta provocar nulidades en procesos que lleva la unidad anticorrupción y crimen organizado. Por ello, el Pleno decidió no pronunciarse.
En la misma reunión, los vocales exigieron la salida inmediata de Henry Gaibor, director de la Judicatura en Pichincha, luego de que se difundieron audios que evidenciarían presiones contra el juez Serrano. También solicitaron a la Fiscalía que investigue el caso.
Respecto a la seguridad del magistrado, el ministro del Interior, John Reimberg, declaró que el nivel de riesgo de Serrano disminuyó, razón por la cual se retiró la cápsula de protección. Añadió que, en caso de que el juez regrese al país, se le asignará un esquema temporal de seguridad.
Las amenazas contra Serrano se remontan a 2024, cuando Gaibor lo convocó a una reunión con terceros para pedirle que favoreciera la defensa de un procesado por lavado de activos. El juez no accedió y, en noviembre de 2025, ese implicado fue condenado a diez años de prisión.
Ante la falta de resguardo policial, Serrano presentó su renuncia el 4 de diciembre de 2025 para proteger su vida, aunque hasta ahora no ha sido aceptada.
La Fiscalía, por su parte, informó el 18 de diciembre que abrió una investigación por presunto tráfico de influencias, en la que se indagarán los amedrentamientos denunciados por el juez. El comunicado oficial no lo mencionó directamente, pero señaló que las presiones buscaban alterar una decisión judicial.
Serrano integra el tribunal que conoce el caso “Triple A”, sobre presunto tráfico de combustibles, en el que está procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.