A las 14:30 de este miércoles 24 de diciembre iniciará en Quito la audiencia de juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras 21 personas, dentro del caso denominado Triple A, que investiga la presunta distribución ilegal de combustibles.
Este proceso estaba programado a efectuarse entre 21 de enero y 1 de febrero de 2026, pero el Tribunal de Garantías Penales Especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado decidió adelantarlo, alegando principio de celeridad.
Ante el número considerable de procesados y la carga de pruebas, el Tribunal estima que la audiencia no termine hoy, sino que se retome entre el 28 y el 30 de diciembre.
Horas previas a esta audiencia, se conoció que la jueza Consuelo Tapia reemplazará al juez Carlos Serrano, quien estaba asignado a esta causa, pero renunció al cargo debido a supuestas amenazas en un caso de lavado de activos y narcotráfico.
Además, Álvarez y su abogado Ramiro García habían solicitado que la audiencia sea transmita por plataformas digitales y sea pública. Su defensa alegó que una transmisión abierta en redes reduciría el riesgo de interpretaciones parciales o descontextualizadas sobre lo que ocurra durante el juzgamiento.
También, solicitaron asistencia vía telemática, ante los posibles problemas que tendrían en trasladarse a la audiencia, por la fecha de la convocatoria.
A través de su cuenta de X, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, expresó su respaldo a Álvarez. “Mañana (hoy) se ejecuta el proceso legal contra el alcalde Aquiles Álvarez y quiero expresarle mi solidaridad, pues varios detalles del proceso, incluida la fecha de audiencia, llaman negativamente la atención”.
El caso Triple A empezó en julio de 2024, tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), que detectó supuestas irregularidades como ventas superiores a la capacidad de almacenamiento de combustible en las estaciones de servicio y presunta exportación ilegal de combustible subsidiado.
Durante este año, se allanaron oficinas en Guayaquil y Milagro. En diciembre de 2024, la Fiscalía procesó a cinco personas naturales y cinco jurídicas. En febrero de 2025, se allanaron cinco estaciones de servicio ubicadas en El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. Para abril, se vinculó a 10 ciudadanos más y una empresa.
Según la Fiscalía, en este caso, el perjuicio económico sería de USD 61,5 millones, correspondiente a más de 22,7 millones de galones de combustible supuestamente desviados.