Pabel Muñoz, alcalde de Quito, remitió un pronunciamiento a la Asamblea Nacional pocas horas antes de que el Pleno trate la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). En su mensaje, manifestó sus inquietudes y solicitó el archivo del proyecto por tres motivos: presunta inconstitucionalidad, vicios de ilegalidad y una aplicación inadecuada.
Muñoz indicó que, en promedio, el Municipio de Quito recibe cerca de USD 370 millones anuales del Presupuesto General del Estado. A ese monto se suman otros USD 370 millones provenientes de ingresos propios, lo que representa aproximadamente USD 740 millones.
De acuerdo con el alcalde, el 100 % de las transferencias estatales se destina a inversión, mientras que los recursos propios se utilizan para cubrir los gastos de funcionamiento del Municipio.
«Nosotros no invertimos el 70 %, sino el 100 % y hasta más de todo lo que nos destina el Gobierno» cada año», afirmó el burgomaestre. Señaló además que el principal problema de la reforma es que redefine qué se considera inversión, lo cual, a su criterio, vulnera la autonomía de los GAD. “Mientras el Gobierno central puede definir qué es inversión y qué no, a los GAD más pequeños se nos restringe en qué podemos gastar”, sostuvo.
Muñoz alertó que la reforma contempla la eliminación de la partida 71, destinada a personal para inversión, y de la 78, relacionada con transferencias sociales. Según explicó, esto impediría financiar los sueldos de servidores sociales y cubrir actividades extracurriculares en planteles educativos. También mencionó que se afectarían sectores como el personal de servicios, obras y bienes de empresas municipales, así como parroquias rurales y fondos culturales, entre otros.
Finalmente, expresó: «Sin actividades extracurriculares del Municipio, muchos niños regresarán directo a casa y, en la esquina, pueden encontrarse con el microtráfico. Correrán el riesgo de ser cooptados por grupos criminales”. La Asamblea Nacional definirá si aprueba o no el proyecto de ley urgente a las 11h00 del viernes 20 de febrero.